Comisión guggenheim | las conclusiones
Todos los partidos, excepto el PNV, concluyen que la ausencia de supervisión propició el desfalco de Cearsolo en el museo
Antonio Rivera (PSE).
La comisión de investigación abierta en el Parlamento de Vitoria concluirá que la ausencia de mecanismos de control sobre la actividad contable del museo Guggenheim y de sus sociedades públicas paralelas fue lo que propició que el ex director de Administración y Finanzas, Roberto Cearsolo, lograra desviar dinero durante años de las cuentas del museo a la suya propia, un desfalco que sólo se conoció cuando el Tribunal de Cuentas revisó por mandato parlamentario la contabilidad de la pinacoteca tras casi una década sin auditorías.
Todos los grupos políticos, a excepción del PNV, sostienen de hecho esta tesis y así lo indicaron ayer en una nueva sesión de la ponencia de trabajo, que ahora aborda la tarea de redactar las conclusiones finales -se prevén para el 2 de diciembre- y sopesar la posibilidad de determinar responsabilidades políticas después de haber escuchado durante dos meses a una quincena de protagonistas en el caso. Entre ellos, a la consejera de Cultura, Miren Azkarate; al director del museo, Juan Ignacio Vidarte; al actual responsable de las finanzas, Andoni Dobaran, y al autor confeso del desfalco, Roberto Cearsolo, quien acudió a la llamada de los parlamentarios pero se negó a contestar a ninguna pregunta.
La comisión no ha investigado únicamente la apropiación indebida de medio millón de euros por parte de Cearsolo, sino que también se ha interesado por la ruinosa operación de compra de dólares llevada a cabo entre 2002 y 2005, en la que el museo acabó perdiendo 6 millones de euros de dinero público debido a una inesperada depreciación de la divisa americana, una operación que algunos parlamentarios -como los portavoces de PSE, EHAK y EB- calificaron ayer de «especulativa» y que nadie supo corregir a tiempo.
Los partidos esbozaron ayer oralmente sus conclusiones provisionales sobre ambos casos, que el viernes entregarán por escrito al presidente del grupo de trabajo, Antonio Rivera (PSE), para que redacte un dictamen final al que los grupos podrán acogerse o formular votos particulares. Socialistas, populares, EA, EHAK y Ezker Batua, es decir, una amplísima mayoría de la Cámara, lo tienen claro: los mecanismos de control «fallaron, o casi mejor dicho, no existieron», en palabras de uno de sus representantes. Los socialistas recordaron que el museo decidió en 1998 dejar de someterse a auditorías porque eran costosas y había pocas operaciones, dijo la parlamentaria Isabel Celaá, lo que permitió a Cearsolo actuar sin ningún control externo, un extremo que también formó parte de la argumentación de Carmelo Barrio (PP).
Responsabilidad asumida
La «falta impresionante de control», una expresión que también se utilizó en la sesión, debe traducirse en una reclamación de responsabilidades políticas a los componentes de los consejos de administración que, a juicio al menos de PP, PSE y la izquierda abertzale, no vigilaron correctamente el destino del dinero público; fueron quienes otorgaron una confianza «absoluta» a Vidarte y al equipo de dirección del museo y «se escudaron» en esta confianza para «ocultar sus errores», valoró uno de los portavoces. Todo ello apunta directamente al PNV, histórico inquilino de los departamentos de Cultura del Gobierno vasco y de la Diputación vizcaína.
La posición de los peneuvistas quedó despejada ayer, después de semanas de discreción y de ver pasar a numerosos compañeros de partido por el asiento de invitados de la comisión investigadora. Ricardo Gatzagaetxebarria y Leire Corrales resumieron ante los grupos los 40 folios de sus conclusiones. A su juicio, no hubo falta de control, sino la comisión de un delito, y todas las responsabilidades están ya asumidas con la denuncia pública y judicial del comportamiento de Cearsolo y la adopción de medidas para que nada similar pueda volver a ocurrir. La prueba de que existía control, vino a decir Gatzagaetxebarria, es que Cearsolo tuvo que cometer dos delitos más -uno societario y otro de falsificación- para poder llevar a cabo el principal, la apropiación indebida.
