El grupo Urazca, que formalizó la solicitud de suspensión de pagos el pasado mes de mayo, quiere presentar a finales del primer trimestre de 2009 una propuesta definitiva a sus acreedores para mantener una parte significativa de su actividad y, con ello, 650 puestos de trabajo de los 1.050 que llegó a tener en el momento de desatarse la crisis en el sector inmobiliario y de construcción. Así, los actuales gestores de la compañía se proponen continuar con la actividad de la filial dedicada a servicios públicos -la única que no entró en el procedimiento concursal-; la de gestión de estacionamientos y también una parte de la constructora, aunque esta es la tarea más difícil.

La depuración detallada de las deudas ha permitido concluir que el pasivo del grupo ascendía en el momento de la suspensión de pagos a 320 millones de euros, cifra que ya se ha reducido o está camino de hacerlo en unos 90 millones, fruto de la venta de varias promociones inmobiliarias ubicadas en Oviedo, Etxebarri, Lardero y Madrid, entre otras localidades. El equipo que dirige el actual responsable de la compañía, José Ignacio Diéguez, ya ha decidido que la actividad inmobiliaria será completamente abandonada, y por ello continuará la venta de inmuebles y terrenos en los próximos meses.

Déficit patrimonial

«La quita será muy importante», han señalado fuentes de Urazca en torno a la propuesta que presentarán en 2009 a los acreedores. La situación patrimonial del grupo, aseguran, es muy delicada debido a la depreciación que han sufrido en los últimos meses sus principales activos inmobiliarios. Tanto que, según los informes elaborados por los administradores concursales, la firma tiene en estos momentos un desfase patrimonial de 70 millones de euros. En términos simples, significa que si la compañía vendiese en estos momentos todo lo que posee a los precios en que han sido valorados sus bienes, no tendría dinero suficiente para pagar los 230 millones de euros que aún debe tras las últimas operaciones. Con las ventas que aún se realizarán en los próximos meses, en su mayor parte en favor de las entidades financieras que tenían hipotecadas las promociones, los gestores de Urazca confían en llegar a esa propuesta final con una deuda de unos 160 millones de euros. De ellos, 100 corresponderán a proveedores; y los 60 millones restantes, a un grupo de 17 bancos y cajas de ahorros.

La empresa ya tiene muy avanzado el procedimiento para levantar la suspensión de pagos de dos filiales -Estacionamientos y Proyectos Urbanos-, para centrarse a partir de ahora en resolver los problemas de la promotora y de la dedicada a construcción.

El proyecto que barajan los responsables de Urazca y que pasa por mantener una actividad de construcción muy local y centrada en las obras públicas, va a requerir no sólo del respaldo de sus acreedores, sino también de la Administración. En esta empresa de construcción, apuntan, se mantendrían un centenar de puestos de trabajo. Una cifra que supone tan sólo el 25% de los que tenía esta filial el pasado mes de mayo.

Para que sea posible plantear una quita de la deuda superior al 50%, es necesario que la Administración -se entiende en este caso que sería la Diputación de Vizcaya la encargada de evaluarlo- declare a la empresa como de «especial trascendencia» para la economía del entorno. La compañía necesita de forma imperiosa alcanzar un acuerdo rápido con sus acreedores, ya que de lo contrario tampoco será viable su mantenimiento en el sector de la obra civil. La legislación impide que las sociedades en suspensión de pagos concurran a los concursos públicos para la adjudicación de obras.