
Pancarta amenazante contra la empresa de Ignacio Uría./ Archivo
La empresa Altuna y Uria, frente a la que
fue tiroteado en Azpeitia su propietario el constructor Ignacio Uria, de 70 años de edad, participa en las obras del TAV. La compañía, fundada en 1982, fue saboteada ya el pasado 16 de marzo de 2007. Varios vehículos aparecieron con las ruedas pinchadas, pintadas y los tubos de escape tapados. De hecho, ese mismo mes, Segi amenazó a la empresa de forma directa a través de un comunicado.
En él se decía: "Que tengan claro los partidos PNV, EA e IU, responsables de ayuntamientos de la zona del Duranguesado, así como las empresas que trabajan en la construcción del TAV, que en la medida que son responsables de esta salvajismo, son punto de mira del enfado popular". Y proseguía: "Que sepan, pues, que ante esta situación no nos quedaremos con los brazos cruzados. Cualquiera que quiera construir el futuro de este pueblo a partir de sus intereses económicos y a costa del pueblo, debe tener claro que este pueblo y esta juventud responderán en la medida que demande la situación". Y finalizaba: ¡¡PNV, IU, EA, representantes municipales, Altuna y Uria, Balzola, Moya, no pasaréis por el Duranguesado!!"
Este documento fue incluido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en sus autos de ilegalización de EHAK y ANV con el fin de demostra la estrategia común con el grupo terrorista contra la 'Y' vasca. El magistrado explicaba en sus autos que el "método" que usaba Segi era "prácticamente idéntico al diseñado en su día por ETA, a través del MLNV, frente a la construcción de otras infraestructuras como la central de Lemóiz o la autovía de Leizaran".
Otras empresas, también en el punto de mira
Otras firmas relacionadas con Altuna y Uria, la constructora Amenabar, Acciona y Fonorte, también han sufrido ataques por su participación en el TAV. Así, el 12 de mayo de 2008 ETA colocó en Hernani dos bombas contra sendas excavadoras de Amenabar; y el 1 de junio, una mochila cargada con entre tres y cinco kilos de explosivo provocó graves daños en la sede de la misma compañía en Zarautz. Dos ertzainas sufrieron daños en los oídos y un tercer agente, cortes en la cara. El último atentado fue el pasado 27 de julio, cuando ETA colocó una bomba en las obras de la autopista A-8 (Bilbao-Behobia) en el municipio guipuzcoano de Orio, produciendo daños en al menos cuatro vehículos y ocho casetas de la construcción. Estas obras las realizaban las empresas Acciona y Fonorte. Al margen de estos, se han registrado otros 18 ataques de menor intensidad.
La banda terrorista ETA ha amenazado directamente a las empresas adjudicatarias de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV), a las que considera sometidas a "intereses ajenos a Euskal Herria", en diversos comunicados, en los que les acusaba de "enterrar en cemento" el proyecto independentista. En un comunicado publicado en Gara el pasado 15 de agosto, ETA justificaba sus acciones violentas ejecutados contra las empresas del TAV, en las localidades guipuzcoanas de Hernani, Zarautz y Orio, porque esta infraestructura, aseguraba, supone "el ejemplo más claro de la política del PNV y sus acólitos". Acusaba a los empresarios de pretender "enterrar en cemento" el proyecto independentista para garantizar beneficios "al PNV y sus acólitos".