El Gobierno vasco se ha resistido a reconocer que el Tren de Alta Velocidad sufría síntomas que recordaban a Leizarán y Lemóniz. Pese a los ataques recibidos, especialmente duros este año, ha evitado vincularlos durante meses a una campaña de ETA contra esta infraestructura, la más importante de las que se ejecutan en Euskadi.
El Ejecutivo que lidera el PNV, gestor de Transportes e Interior, se ha declarado en este tiempo firme defensor del proyecto y ha rechazado sin ambages cualquier acoso contra una operación ferroviaria que se ha convertido en la 'obra estrella' de Ibarretxe; clave para modernizar la circulación de personas y mercancías en el País Vasco.
Sin embargo, no ha sido tan explícito para apuntar al terrorismo cuando las obras eran atacadas, aunque las evidencias invitaran a ello: desde los propios comunicados de la banda, situando el TAV en su punto de mira, hasta una escalada de la violencia que ha culminado ahora con el asesinato de un empresario que trabajaba en el tajo.
Con todas las alarmas encendidas, el Ejecutivo autónomo se ha mostrado reticente en exceso para admitir que los atentados respondían a un intento de los terroristas por boicotear un proyecto que han rechazado de forma reiterada, según le han recriminado los partidos de la oposición. No fue hasta el 13 de junio cuando el consejero de Interior, Javier Balza, admitió que el Gabinete de Ibarretxe «no tenía dudas» de que el TAV era «un objetivo» de ETA. Para entonces, la empresa Amenábar ya había sufrido dos atentados con bombas -uno contra sus excavadoras y otro contra su sede en Zarautz- y el Ministerio de Interior había avisado de que la banda armada tenía la 'Y' ferroviaria vasca entre su lista de prioridades, cruelmente confirmada ayer.
'Kale borroka'
El Tren de Alta Velocidad ha sido objeto de numerosos sabotajes con anterioridad, incluso en tiempos del consejero Amann -seis ataques en cuatro meses-. Pero no ha sido hasta este año cuando se ha intensificado el acoso. El pasado 12 de mayo, ETA cometió su primer atentado y llevó a la práctica una amenaza que venía de lejos. A finales de 2007, dio instrucciones a los comandos de la 'kale borroka' para atacar puntos estratégicos. Un año después, confirmó su rechazo a la infraestructura ferroviaria. En sus comunicados no ha escatimado descalificaciones contra un proyecto que vincula «al PNV y sus acólitos, ajeno a Euskal Herria».
El Gobierno vasco, en público y en privado, se ha resistido, cuando no negado, a reconocer la mano de ETA en los ataques al TAV. En una conversación informal con periodistas tras el anuncio de que la banda terrorista instruía a los saboteadores, un consejero censuró la difusión de esas informaciones, que relacionaba con el 'amarillismo', y cuestionó la veracidad de la relación entre los ataques contra intereses del Tren de Alta Velocidad y la amenaza del terrorismo .
Públicamente, el Ejecutivo llegó incluso a poner en duda que las bombas colocadas contra dos excavadoras de la adjudicataria Amenábar, el primer atentado reivindicado por ETA contra el TAV, fueran dirigidas contra la 'Y' ferroviaria. La portavoz del Gabinete de Ibarretxe, Miren Azkarate, calificó de «exagerado» presumir que la banda tuviera esta infraestructura entre sus objetivos. Aunque también destacó que «minimizar» el atentado resultaría «igualmente desacertado», Azkarate apuntó la posibilidad de que el ataque obedeciera a otras razones que no concretó. Sí indicó que podría tratarse de «una coincidencia» porque el sabotaje afectó a una firma del TAV, pero se produjo en la obras de una carretera, alejada del tajo ferroviario.
Cruce de acusaciones
Esta tesis, que contrastaba con las hipótesis policiales, desató las críticas en la oposición. PP y PSE interpretaron las reticencias del Ejecutivo como un intento de Ibarretxe por atraerse el apoyo de la izquierda abertzale a su ley de consulta, finalmente fracasada pese al respaldo de EHAK. En medios económicos y políticos se especuló también con la posibilidad de que Azkarate estuviera enmarcando el ataque en alguna eventualidad sobre el 'impuesto revolucionario'. Un directivo de la firma negó por esas mismas fechas ante la Guardia Civil cualquier pago y contacto con ETA.
La consejera de Transportes, Nuria López de Guereñu, llamó mezquinos a quienes censuraron al PNV por «mendigar el voto» de la izquierda radical y cruzó acusaciones de electoralismo con los socialistas, partido que gestiona el Gobierno central, la Administración que sufraga la obra.
En el Parlamento, en una sesión celebrada el 6 de junio para respaldar a los empresarios acosados, Guereñu volvió a evitar hablar sobre la vinculación entre atentados y el rechazo de ETA al proyecto con el argumento de «no dar publicidad innecesaria» a la banda. En medios empresariales se pensó en que esa ambigüedad pretendía evitar la alarma en un tajo difícil de controlar por su envergadura.
Es entonces cuando el consejero Balza admite que sería de «ingenuos» no reconocer que ETA está detrás de los ataques. En julio se produce el tercer atentado contra una adjudicataria, esta vez en Orio, pero pasará un mes más hasta que el lehendakari se acerque a un tramo en obras, en lo que será su primera visita a los trabajos del TAV.
Ibarretxe, que no se había pronunciado sobre la autoría de los ataques, se desplazó el 28 de agosto a Ordizia para asistir a la apertura del primer túnel guipuzcoano. Había expectación por conocer sus declaraciones, en un momento de inquietud entre las firmas pese al compromiso de la comisión de seguridad, formada por los gobiernos central y vasco, para aumentar la protección. Sin alusiones expresas a ETA, dijo: «las críticas» al TAV «son legítimas, lo que no es legítimo es poner bombas». Su agradecimiento a las empresas y la propia visita fueron interpretadas como un gesto de arrope a las obras y sus promotores. En busca de un respaldo nítido y mayoritario, el PP emplazó a los partidarios del TAV a celebrar un acto conjunto. El Gobierno vasco se desligó porque consideraba que su respaldo ya era claro.