Una pareja pasea por una promoción de viviendas protegidas. / RAFA GUTIÉRREZ
El Ejecutivo vasco certificó ayer el fracaso de la Ley de Vivienda, uno de los objetivos más importantes de la legislatura, junto con la reforma de los modelos lingüísticos, otra iniciativa que también se ha quedado en el cajón. El consejero Javier Madrazo presentó oficialmente el proyecto de ley después de que el Consejo de Gobierno le hubiera dado el visto bueno, pero con la seguridad de que no saldrá adelante durante este mandato, ya que el Parlamento vasco se disolverá previsiblemente a finales de año, de cara a las elecciones autonómicas de marzo próximo.
El propio Madrazo reconoció que sus esfuerzos para lograr el respaldo con PSE-EE, EHAK y Aralar han resultado baldíos. «Lo hemos intentado hasta el final, pero no ha sido posible -declaró-. La proximidad de los comicios, el cierre de la legislatura y las prioridades políticas derivadas de un periodo marcadamente preelectoral han impedido un acuerdo de mínimos».
El Departamento de Vivienda había dado a conocer el proyecto de ley en octubre pasado, como paso previo a las negociaciones con los grupos parlamentarios de izquierda, con los que quería llegar a un acuerdo para tramitar el texto en un tiempo récord. Sin embargo, el pacto estaba condenado al fracaso desde el pasado verano, cuando los socialistas anunciaron que iban a rechazar el ofrecimiento de todos modos. El PSE-EE, cuyos votos han permitido aprobar la Ley de Servicios Sociales y la de Garantía de Ingresos, argumentó que la Ley de Vivienda no se podía debatir toda prisa; y al mismo tiempo, recordó que el PNV no la veía con buenos ojos.
Al final, el Gobierno de Vitoria va a enviar el texto al Parlamento cuando no queda tiempo material para que los grupos lo discutan, y cuando los socios del tripartito se han enzarzado en las peleas propias del periodo preelectoral. Madrazo explicó ayer que ha preferido actuar de esa manera para transmitir, al menos, dos ideas. La primera es que el Ejecutivo saliente ha dejado listo el proyecto de ley, con todos los requisitos legales cumplidos y también con el consenso previo de la Asociación de Municipios Vascos, circunstancias ambas que ahorrarán trabajo al Gabinete que surja de las próximas elecciones autonómicas.
El segundo mensaje del consejero es que todo el tripartito ha respaldado la iniciativa, «y no sólo Ezker Batua, como intencionadamente se ha dicho». Madrazo quería remarcar así que, a fin de cuentas, el PNV ha acabado estampando su firma sobre el proyecto, aunque después de que se hubiera eliminado el polémico canon de 9 euros diarios para gravar los pisos vacíos. El respaldo peneuvista tiene relevancia para el futuro, puesto que los socialistas no ocultan en privado que comparten los principios esenciales de la Ley de Vivienda. «Más allá de quién gobierne y de quién sea el responsable de Vivienda -aseguró Madrazo-, este proyecto se aprobará en el Parlamento porque es el mejor para Euskadi, el más progresista».
Canon e IBI
El documento se denomina formalmente 'Proyecto de ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna'. Su objetivo es impulsar la construcción de 35.000 pisos de alquiler protegido durante los próximos diez años, así como garantizar a partir de 2013 el derecho de todos los vascos a un arrendamiento barato, una reivindicación exigible ante los tribunales. El texto también establece un control riguroso del parque de pisos públicos, obliga a desprenderse de una vivienda de protección cuando se compre otra en el mercado libre y pretende movilizar los inmuebles vacíos con penalizaciones fiscales.
No obstante, el instrumento finalmente escogido para 'disuadir' a los dueños de las viviendas vacías ya no es el canon autonómico, medida que el consejero Madrazo defendió al principio y que le granjeó la oposición frontal del Euzkadi Buru Batzar y de muchos ayuntamientos. La idea de introducir un nuevo gravamen había puesto en pie de guerra a los alcaldes, pues ellos tendrían que encargarse de recaudarlo. Y, por si fuera poco, suscitaba numerosas dudas jurídicas, una de las cuales era si, realmente, puede crearse un nuevo recargo fiscal cuando las viviendas desocupadas ya pueden penalizarse a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De hecho, la Diputación de Guipúzcoa ha dejado abierta tal posibilidad en su normativa fiscal.
En última instancia, el Gobierno vasco ha admitido que esa función les corresponde a los ayuntamientos y a las diputaciones, un principio que ya se recogía en una resolución aprobada en el Parlamento vasco. De todos modos, el proyecto de ley incluye una definición legal de vivienda vacía, una laguna en la que se apoyaron el PNV y la Diputación de Vizcaya para argumentar que no se puede aplicar recargos a los inmuebles desocupados.
