El juez Calamita, inhabilitado dos años

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha condenado al juez de familia Fernando Ferrín Calamita a dos años, tres meses y un día de inhabilitación especial en la carrera judicial tras considerarle responsable de retardar «maliciosamente» durante más de dos años la adopción de una niña por parte de dos mujeres lesbianas, una de ellas madre biológica de la pequeña.

El Tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Julián Pérez Templaco, concluye que la actitud de Ferrín Calamita muestra «una clara voluntad retardataria inventando trámites inexistentes o innecesarios». Considera también que pretendía «retrasar al máximo» el asunto, bien con la intención de que prosperara un recurso que presentó un partido político, el PP, o para «aburrir», según señala la sentencia. El auto indica que el condenado actuó por «una auténtica compulsión homófoba», lo que debe tener, en opinión del tribunal, una respuesta judicial. En la sentencia queda reflejado además «el agravante de desprecio a la orientación sexual» de la querellante. No se admite, sin embargo, el cargo de prevaricación que solicitaba la acusación particular.

En la argumentación de la sentencia se considera válida la actuación de Ferrín Calamita en el proceso seguido para estudiar la adopción y es incluso comprensiva con el interés del juez de solicitar informes, ya que la legislación sobre el matrimonio homosexual es muy reciente y novedosa la situación que se creó en el juzgado de familia. Pero no encuentra justificación en el retraso de más de un año en la tramitación.

Ante estos hechos, el TSJ de Murcia le condena a dos años y tres meses de inhabilitación para desempeño de cargo público y al pago de 6.000 euros de indemnización y de las costas del juicio. Ferrín Calamita puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que si fallara en su contra podría llevarle a ser expulsado de forma permanente de la carrera judicial. El magistrado de familia ya ha anunciado su intención de presentar recurso ante esta sentencia.

Además, se mantiene abierto el expediente disciplinario del Tribunal Superior por este mismo asunto y por el que está suspendido de empleo y sueldo desde hace varios meses.

«Se ha hecho justicia»

Susana Meseguer, la adoptante de la pequeña Candela, se mostraba satisfecha por el fallo, y reconocía que hasta conocerlo habían temido la posibilidad de que prevaleciera el corporativismo judicial. «Me parece bien», dijo, «nosotras confiábamos en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pero siempre te queda la duda. Pero bueno, estamos muy agradecidas después del sufrimiento que hemos pasado, creo que se ha hecho justicia».

Para el abogado de la acusación particular, José Luis Mazón, ayer era un día grande para la Justicia. «Ha sido una sorpresa muy positiva», señaló, «ha brillado la razón, ha sido derrotado el tirano y hoy la Justicia española y murciana se ha quitado un gran peso de encima».

El grupo socialista en el Congreso acogió también con satisfacción la inhabilitación impuesta al juez Calamita. «Nadie puede saltarse la ley y perjudicar a una persona por su orientación sexual», señaló el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia. «Lo más repugnante en un juez -subrayó Villarrubia- es la prevaricación, que se dicte una resolución injusta a sabiendas».

Varias asociaciones de homosexuales celebraron la sentencia, que calificaron de «ejemplarizante», al tiempo que solicitaron que «no vuelva a repetirse otro caso de lesnofobia en España».

El presidente de la Federación Española de Gays, Lesbianas y Transexuales (FELGT) señaló que la condena «demuestra que el Estado de derecho funciona». «Esperemos que esto sirva para que, si hay algún juez más que obstaculice la aplicación de alguna ley en favor de este colectivo, tenga claro que las normas aprobadas en el Parlamento hay que cumplirlas siempre, al margen de sus creencias», aseveró Poveda.

En la misma línea, el Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid (COGAM) apuntó que «es de justicia» que se aparte de su labor a un juez que no la desempeña en función de criterios objetivos, sino según sus criterios morales, «que deben estar en todo momento fuera de su ejercicio profesional». «Damos por sentado que esta sentencia hará reflexionar a más de un funcionario público para que no se vuelva a discriminar a nadie por pertenecer a una minoría social y que de una vez por todas se elimine la discriminación y marginación hacia nuestro colectivo», subrayó el presidente de COGAM, Miguel Angel González.

«Actuó de buena fe»

Frente a estas opiniones destaca la del presidente de la plataforma Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, quien acusó al tribunal de prevaricación por esta condena. Arsuaga calificó la sentencia de «injusta» y advirtió que el juez Calamita sufrió una persecución, aunque no precisó si se produjo por motivos religiosos. En todo caso, añadió que «se estaba buscando una sentencia condenatoria para que tuviera que irse de Murcia».

En su opinión, el fallo es consecuencia de «un juicio político», por lo que reiteró la posibilidad de que exista prevaricación en el proceso. Además, señaló que el juez Calamita «actuó de buena fe» y se le ha juzgado «por no ser políticamente correcto con respecto a la homosexualidad».