El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a una promotora bilbaína a reparar las graves deficiencias constructivas de 12 adosados ubicados en el abanico de Plentzia. Las reparaciones tienen un coste superior a los 600.000 euros. El fallo también obliga a la empresa a indemnizar con 12.000 euros al conjunto de propietarios en concepto de daños morales por el calvario que han supuesto para ellos los defectos denunciados. Pese a que la victoria en los juzgados ha sido contundente, los vecinos temen que sus viviendas no lleguen a ser arregladas «nunca».
De hecho, la firma inmobiliaria ha incumplido el plazo de tres meses fijado por los magistrados para ejecutar las obras. Actualmente, los funcionarios judiciales investigan su patrimonio para proceder al inmediato embargo de los bienes. El objetivo es reunir el dinero suficiente para que una compañía ajena al pleito pueda resolver el desaguisado. Así lo autorizó el juez que supervisa la ejecución de la sentencia, a finales del pasado mes de octubre.
El «infierno» que padecen los vecinos de la urbanización Isuskiza comenzó en 2004. La empresa Plentzia Ría 2002, vinculada a la corporación inmobiliaria GSI, construyó 20 adosados en este barrio residencial. En la publicidad se aseguraba que eran de lujo y su precio fue «bastante elevado». Según los afectados, hay otras 110 viviendas promovidas por «el mismo grupo empresarial» que también presentan problemas y se encuentran en trámites judiciales.
Humedades y grietas
Los 20 chalés fueron los primeros en ser entregados. Nada más recibir las llaves y a la vista del estado de las casas, una docena de familias decidieron acudir a la Justicia. Los jueces han considerado como hechos probados las serias deficiencias que presenta la urbanización. En la sentencia de primera instancia, confirmada hace poco por el TSJPV, se señala como principal problema las humedades. «Las hay bajo las terrazas y escaleras por la defectuosa impermeabilización; también por la capilaridad del suelo en paredes, lo que ha provocado pinturas levantadas y recercos; y también se producen humedades por goterones». Asimismo, en varias viviendas el agua se cuela por el hueco de la chimenea, «al existir un incorrecto sellado». A todo ello se suma la existencia de fisuras.
Además de los problemas con las filtraciones y las grietas, los jueces han tenido en cuenta «la merma en las calidades». La promotora entregó una memoria de materiales y después la ejecución de la obra no se correspondió con lo prometido. En este sentido, el fallo constata diferencias en los acabados de los suelos, la carpintería y, sobre todo, en la fachada y el aislamiento acústico. Esta última deficiencia ha provocado «una intromisión inconsentida en la intimidad de los vecinos», lo que ha sido decisivo a la hora de obligar a la promotora a pagar una indemnización por daño moral.
La lista de desperfectos se completa, según la resolución judicial, con holguras en las puertas de casa que dejan pasar el aire, calderas que funcionan mal, malos olores, ausencia de rodapié en algunas zonas, cierres de jardín desplomados y barnizados deficientes. Todo ello provoca que muchos residentes hayan tenido que ausentarse frecuentemente de sus chalés.
Los magistrados concluyen que existe un daño moral «no tanto por la desilusión de no ver cumplidas las expectativas, sino por la falta de intención de la demandada de arreglar, una vez pagado el inmueble, las molestias de las humedades u olores, así como por el debilitamiento de la intimidad al oír lo que los vecinos hacen».
La indemnización de 12.000 euros, a repartir entre las doce familias, ha sido ya pagada por Plentzia Ría 2002. Sin embargo, lo que realmente esperan con impaciencia los afectados es que la firma tenga bienes para poder hacer frente a las costosas reparaciones.