Presiones para un juicio

Desde que arrancó la instrucción de este juicio, la causa se ha caracterizado por la constante coacción política. Más que un juicio político, pues, se trata de un juicio bajo la presión política. Nadie es quién para decir a los jueces lo que deben hacer. Pero el proceso contra Ibarretxe y López por haberse reunido con la ilegalizada Batasuna, se ha trocado en un concurso espontáneo de 'sabios' dispuestos a dar clases de magistratura desde posiciones esencialmente politizadas. En este proceso penal tan singular en el que dos asociaciones, ejerciendo la acusación popular, han sentado en el banquillo, sobre todo, al lehendakari, los magistrados no se han librado ni un solo momento de las presiones de quienes empezaron recusando a los jueces iniciales y, a pesar de haber logrado un cambio de los titulares, siguen insatisfechos queriendo colocar a los magistrados actuales en una verdadera olla a presión. Los juicios paralelos, las consideraciones políticas y los perfiles de los tres jueces de la causa se alternan en el escaparate como números de la ruleta.

Un juego de máxima tensión que no puede eludir ni el propio presidente del tribunal, Díaz de Rábago, de quien nadie objeta su capacidad profesional pero del que muchos quieren recordar su decantación pública en contra de la Ley de Partidos y su presencia en una manifestación de Elkarri. Ya no es que el espíritu de Montesquieu haya muerto, como anunció solemnemente el socialista Guerra hace años. Se puede visualizar sin esfuerzo que se respeta a la Justicia cuando sus sentencias son favorables a los intereses de determinados partidos. Si los jueces aplican la legislación y se atreven, como ha sido el caso hasta hoy, a sentar a todo un lehendakari en el banquillo de los acusados, algunos intentarán que pese sobre ellos el estigma de haber servido a intereses espurios. En sentido contrario, si el Tribunal Superior del País Vasco se hubiera dejado llevar por la corriente más asimilada en la comunidad autónoma y hubiera decidido dar carpetazo a la vista, a estas horas la Judicatura vasca estaría recibiendo un homenaje de marcado perfil patriótico.

En ese punto nos encontramos hoy, el 'día D' en el que la sala deberá decidir si sigue con la causa o archiva el caso. En este juicio, la propaganda nacionalista ha sido tan eficaz que ha cuajado en buena parte de la opinión la idea de que nos encontramos ante un proceso de persecución de la política del Dialogo, con mayúsculas. Cuando lo que está en cuestión en este proceso no es otra cosa que la Ley de Partidos, concebida para impedir que los grupos cómplices de bandas terroristas funcionen con la normalidad de un partido democrático más. ¿Esta Ley de Partidos (que no existía en anteriores procesos de negociación entre el Gobierno y ETA) se debe aplicar siempre o sólo en momentos en los que la coyuntura política 'aconseje la jugada'?

Ahí está la clave. No hay otra. Por eso, no les falta razón al PNV y a Batasuna cuando dicen que se está juzgando el juego político del diálogo. Y desde la barrera hay quienes se quedan con ganas de preguntar al lehendakari si en su política dialogante recibiría ahora en Ajuria Enea al alcalde de ANV de Azpeitia que, horas después del atentado contra el empresario Inaxio Uria, se negó a condenarlo. ¿O ahora el diálogo no sería políticamente rentable? El tribunal deberá decidir si la interpretación estricta de las normas choca, o no, con la consideración política de pasar por alto esas normas en tiempos excepcionales como el de la tregua. En cuanto al procedimiento, los que ven 'caso' recuerdan que la Sala de lo Penal del Supremo ya acordó que la sola personación de la acusación popular capacita al juez a seguir adelante con un procedimiento y llevar la causa a juicio oral «cuando nadie puede ejercer la acusación particular».

Y, en este caso, a diferencia del sumario Botín, parece lógico que nadie podía personarse como perjudicado directo por la existencia de esas reuniones. Con este ambiente político en los juzgados, sigue la campaña electoral. Tanto es así que se insiste en la idea, con escaso rigor por cierto, de que este juicio ha estado promocionado por la derecha. Dado que se suele asociar esa corriente ideológica con las siglas del PP, conviene matizar que, hoy por hoy, quienes han ejercido la acusación popular son dos asociaciones (Dignidad y Justicia así como Foro Ermua) que, de momento, no se presentan a las elecciones. Que ni Rajoy ni Basagoiti están en las bambalinas de esta vista oral, por mucho que algunos sectores que están presionando sobre los jueces quieran dejar esa estela sobre el surco judicial.

Y sigue la campaña, también, fuera del Palacio de Justicia, donde se ha situado la izquierda abertzale para sacar pecho y ponerse de largo ante los focos al comunicar su intención de presentarse a las elecciones. Demokrazia hiru milloi se llaman. Como antes Herri Batasuna, Euskal herritarrok, Herritarren Zerrenda, Comunistas de las Tierras Vascas (EHAK) o ANV, sin ir más lejos. Otro de sus pulsos tradicionales. A las leyes en particular y al Estado democrático en general. En este juicio está en juego el futuro de los ciudadanos libres. Porque si en realidad se quiere perseguir a ETA, todo el mundo sabe ya a estas alturas de su abominable historia que la derrota del terrorismo sólo se logrará con una legislación firme, con seguridad jurídica y con independencia judicial. De ahí la trascendencia de un proceso en el que la vía para terminar con el terrorismo tiene que quedar libre de sospechas de que los jueces puedan ser manipulables y de que las leyes se aplican a la carta.