investigación judicial
Un vecino se refresca en la fuente pública instalada frente al Ayuntamiento de la localidad encartada. / JORDI ALEMANY
LAS SIETE ALERTAS
El Departamento de Sanidad del Gobierno vasco reconoce que la salud de los 2.800 vecinos del valle de Carranza ha estado expuesta a «un riesgo potencial» varias veces, durante los últimos cinco años, por la deficiente potabilización y distribución del agua. Esa es una de las conclusiones del documento que Osakidetza ha aportado al juez de Balmaseda que investiga la querella interpuesta por los concejales de Karrantza Zabala. Los ediles de la oposición denunciaron en septiembre la «reiterada contaminación del suministro». Tres meses después, el magistrado imputó al consejero Gabriel Inclán, al alcalde de la localidad, José Luis Portillo, y el resto de concejales del PNV por un delito ecológico y contra la salud de las personas.
La amplia documentación aportada por Sanidad, a la que ha tenido acceso este diario, reconoce que la calidad del agua en 2004, 2006 y 2007 fue «deficiente» y que más de la mitad de los análisis que realizó en 2006 en las dos principales captaciones (La Pedraja y La Cerroja) arrojaron resultados no aptos para el consumo,
El escrito entregado al magistrado revela también que, en el último lustro, se han decretado hasta siete episodios de alerta sanitaria por haberse registrado en los análisis valores anómalos de aluminio, coliformes, fecales y otros microorganismos. Asimismo, la consejería manifiesta que advirtió al Ayuntamiento del valle encartado de la necesidad de contratar «más personal» para realizar «un correcto mantenimiento de las instalaciones».
El informe comienza con una defensa a ultranza de la actuación del Departamento, que «siempre se ha ajustado a la legadalidad», argumentan. El documento insiste varias veces, a lo largo de sus más de 100 páginas, en que, «cada vez que se han presentado incumplimientos, se han puesto en conocimiento del Consistorio, como institución responsable, para que los subsane».
Contaminación fecal
El informe del Gobierno vasco hace un resumen de cuáles han sido las deficiencias detectadas en función de las sustancias anómalas aparecidas (tipos A, B y C). En primer lugar, asegura que se han producido episodios «esporádicos» en los que se ha percibido «una contaminación fecal» de las aguas (tipo A), lo que «ha motivado la apertura de situaciones de alerta».
Osakidetza afirma que en las muestras recogidas «no se han encontrado parámetros químicos (tipo B), con probados efectos adversos para la salud». «Por el contrario -continúa el escrito-, se superan frecuentemente los límites de parámetros indicadores tipo C, lo que denota un funcionamiento deficiente de las plantas de La Cerroja y La Pedraja. Estas superaciones no significan necesariamente que el agua esté contaminada, pero sí son indicativas de un riesgo potencial», alertan.
La consejería llama la atención sobre el hecho de que, «a medida que la falta de control del tratamiento se prolongue en el tiempo, aumenta la probabilidad de que aparezca un peligro en el agua distribuida que origine un problema de salud». Con todo, Sanidad asegura que su trabajo ha sido «preventivo» incluso cuando se han decretado las siete alertas sanitarias, «lo que queda reflejado en que, a pesar de las características del abastecimiento, no se ha producido ningún brote epidemiológico de origen hídrico».
La parte final de la documentación aportada al juzgado es muy crítica con la labor del Ayuntamiento. En primer lugar, recuerda que, desde 2006, las autoridades municipales son las máximas responsables de la gestión del agua, incluida la vigilancia de su calidad. «Una vez que el Consistorio ha asumido esa responsabilidad, ha de tener en cuenta que debe contar con personal con formación y experiencia suficiente en el tratamiento para ejercer las labores de vigilancia y control». En este sentido, apuntan que la mejora de las infraestructuras no ha tenido el efecto deseado por la escasez de recursos humanos de la institución municipal.
