El Gobierno de Patxi López ha retomado «con nuevos bríos» el desarrollo del Estatuto. La consejera de Administración Pública, Idoia Mendia, anunció ayer el firme compromiso del Ejecutivo del PSE de «completar» la Carta de Gernika y de negociar con la Administración central la cesión de todas las transferencias pendientes. Sin embargo, no se atrevió a dar un plazo.
En una comparecencia celebrada en el Parlamento, la portavoz del Gabinete de López mostró un talante abierto en un intento por captar adhesiones entre los grupos nacionalistas, que son los más escépticos. Mendia les reiteró que el Gobierno no renuncia a la reforma del texto estatutario para «profundizar en el autogobierno». A renglón seguido, buscó el equilibrio con el PP, su socio preferente, que ya ha manifestado sentirse más cómodo en el actual encaje. Por eso, insistió en que cualquier cambio se realizaría «desde un acuerdo suficientemente amplio entre vascos» y con «lealtad institucional y a la legalidad».
Aunque no surgió ningún rechazo expreso al traspaso de competencias, Mendia debió percibir poco entusiasmo en la sala de comisiones. «Me sorprende que algunos partidos no se alegren de la disposición del Gobierno para completar el Estatuto», advirtió.
Nadie saltó de alegría, pero el tono general de la oposición fue constructivo. Mikel Basabe (Aralar) y Jesús María Larrazabal (EA), los más reacios, censuraron los reiterados incumplimientos de un texto a punto de cumplir 30 años. Lo dieron por agotado y apostaron por la superación del actual marco jurídico para que «sean posibles todos los proyectos políticos» y para «dar más autogobierno» a Euskadi. Basabe emplazó de forma insistente a Mendia a que ofreciera un plazo para culminar el Estatuto. La consejera no se pilló los dedos y apuntó que el Gobierno «trabajará estos cuatro años» para intentarlo.
Para el PNV, lo «grave» es el incumplimiento. Su parlamentario Ricardo Gatzagaetxebarria puso sus doce años de experiencia en las Cortes como aval para anunciar un «seguimiento riguroso» a la promesa del Gobierno. No hubo en las filas jeltzales peticiones para que esa eventual reforma se empape del espíritu del Plan Ibarretxe o, al menos, del derecho a decidir. «Reivindicamos el desarrollo pleno del Estatuto porque ofrece unas potencialidades para poder abordar políticas importantes, sobre todo de empleo en tiempos de crisis», explicó.
Mendia, que destacó el trabajo de su antecesora, Idoia Zenarruzabeitia, vio puertas abiertas e interpretó la ausencia de 'noes' como «un apoyo». Y más viniendo de una época no tan lejana en la que Ibarretxe, en su último pleno de Política General como lehendakari, acusaba a socialistas y populares de cercar Euskadi con una «alambrada» por la anulación de la Ley de Consulta.
Centros penitenciarios
La portavoz del Gobierno de López buscó ayer la transversalidad, pero sin salirse del tiesto. En línea con el programa electoral del PSE, Idoia Mendia abogó por «no sacralizar» el desarrollo estatutario, pero tampoco por restarle valor. «Desde el entendimiento», subrayó, se puede reformar. «Al albur de los tiempos tendrán que ir adaptándose Estatuto y Constitución. Está en nuestra mano», indicó en el debate.
El PP pasó de puntillas, consciente de que la reforma legislativa le toca la fibra sensible y puede enturbiar la relación de camaradería fraguada con el PSE en su pacto de estabilidad. El vocal popular Antón Damborenea anunció que su partido «coincide básicamente con los principios» expuestos por Mendia.
Entre ellos, según la consejera, en que «urge negociar los traspasos» sobre empleo e infraestructuras. El parlamentario del PSE Óscar Rodríguez aseguró que la reforma del Estatuto «no es una prioridad» para su partido. Antes está la solución a la crisis. Asimismo, Mendia defendió las transferencias por fases de una misma materia cuando no se pueda hacer de una tacada. Por ejemplo, la competencia sobre centros penitenciarios. «Por razones de política antiterrorista», el Gobierno de López asumirá primero el personal docente y sanitario.