GENERAL
Socialistas, populares, Aralar y UPD se unen para solicitar
la creación de una comisión de investigación parlamentaria
04.07.09 -
El Partido Popular ve indicios suficientes en el 'caso Margüello' -la supuesta trama de contrataciones irregulares en Osakidetza- para que Sanidad ponga en manos de la Fiscalía los resultados de su investigación y se abra la vía penal por presunta prevaricación. Los populares aprecian cierta tibieza en el informe elaborado por el actual responsable del departamento, Rafael Bengoa, al no entrar a delimitar la responsabilidad política del anterior consejero Gabriel Inclán en este «escándalo» y exigen al Gobierno vasco que dé un paso adelante. Para el portavoz parlamentario del PP, Leopoldo Barreda, es «obvio» que el ex consejero peneuvista estaba al corriente del «montaje de altos cargos que han orquestado un negocio privado a costa de los Presupuestos».
El dirigente del PP está convencido de que el ex jefe de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, y los otros dos médicos expedientados «han tenido que contar necesariamente con la connivencia del Departamento de Sanidad» para beneficiarse de los contratos suscritos con Osakidetza a lo largo de la última década a través de varias empresas sanitarias. Barreda criticó, en este sentido, que Bengoa no se haya atrevido a apuntar más alto en la cadena de responsables y «llegar hasta el final», es decir, hasta el propio Inclán. «No se quiere ir ni al terreno político ni penal», lamentó.
Como prueba de la «evidente» implicación del ex consejero, la responsable popular de Sanidad, Laura Garrido, recordó que muchos de los «sobrecostes excesivos» que descubrió la investigación «fueron autorizados a través de una orden firmada por el propio Inclán». El departamento llegó a multiplicar en sólo dos años el precio original de un servicio «por 10 ó 15 veces» y pasó de entregar 212.800 euros a 2,7 millones por una misma prestación.
«Es necesario identificar a todos los responsables, a todos los beneficiarios y a todos los que han hecho posible el funcionamiento de la trama desde dentro y fuera de la Administración», apuntaron. El departamento, dijeron, debe ir «más allá» y delimitar todas las responsabilidades «que pueden llegar al ámbito penal». Un «escándalo» de este calibre «no se puede cerrar con sólo con medidas en el ámbito administrativo. Se ha producido un grave quebranto a las arcas públicas y hay datos suficientes para pensar en un posible delito de prevaricación», insistieron.
Al margen de la vía penal, el Parlamento ya ha puesto en marcha su propia maquinaria para esclarecer lo sucedido. El PSE, el PP, Aralar y UPD formalizarán el lunes una petición conjunta para constituir una comisión de investigación en la que, casi con total seguridad, Gabriel Inclán deberá comparecer para aclarar su responsabilidad en el ya conocido como 'caso Margüello'. Este órgano, sin embargo, no se pondrá en marcha hasta después del parón veraniego. Los socialistas no ven «urgencia» en su constitución. Al fin y al cabo, los hechos investigados se remontan a los últimos diez años y Sanidad ya ha puesto los mecanismos a su alcance para zanjar las supuestas vías de fraude. También barajan la posibilidad de solicitar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que amplíe el abanico de auditorías para añadir una fiscalización de los ejercicios en los que se han detectado las irregularidades.
Silencio del PNV
El PNV, entretanto, sigue sin pronunciarse sobre las sombras que planean sobre la gestión de uno de sus ex dirigentes en el Gobierno vasco. EA y EB, en principio, no se han sumado a la petición conjunta de la apertura de la comisión investigadora, aunque si han urgido a Rafael Bengoa a dar todos los datos en sede parlamentaria. «Sólo después de escuchar las explicaciones de Bengoa en el Parlamento se podrán adoptar otro tipo de iniciativas», apuntó el parlamentario de EB, Mikel Arana.
