La decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña el 6 de julio de 2013 está lejos de zanjar el debate sobre el futuro de esa fuente de energía en España. El anuncio del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que anulará la medida si gana las próximas elecciones generales, previstas para 2012, alentó algunas esperanzas en los sectores partidarios de mantener en funcionamiento la planta. Sin embargo, esa hipótesis se esfumó apenas unas horas después de ser esbozada. Los propietarios de la instalación -Iberdrola y Endesa, que comparten al 50% la empresa Nuclenor- consideran «irreversible» la clausura al margen de un eventual cambio en La Moncloa, ya que la orden ministerial que regulará el cese de la actividad dentro de cuatro años les obligará a dar pasos paulatinos en esa dirección que difícilmente podrán ser corregidos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció que el Ejecutivo adoptará todas las cautelas para garantizar que la decisión no tiene marcha atrás.

Fuentes del sector eléctrico consultadas por EL CORREO auguran «un margen muy estrecho de actuación» en este asunto, ya que el Gobierno concretará, en esa normativa o en una regulación posterior, un calendario detallado y estricto de actuaciones, que comenzarán con una notable antelación, para que el cierre se realice en los plazos establecidos.

Si eso es así será «imposible» evitar la clausura en 2013, ya que, aunque se produjera un relevo en el poder un año antes, tales actuaciones harían inviable que la central fuera operativa.

Advertencia

Evidentemente, a Nuclenor no le quedará más remedio que aplicar las medidas que exija el Gobierno y en las fechas que fije. Ayer se conoció que la orden ministerial, cuyo contenido aún no ha sido desvelado, advierte de que la autorización de prórroga de Garoña durante cuatro años podría quedar sin efecto si su propietario incumple los límites y condiciones impuestos por Industria, entre ellas la seguridad. «El titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida», señala.

En ese contexto, la empresa que explota la central se prepara para analizar con sumo detalle la resolución ministerial, en la búsqueda del más mínimo resquicio. Tras ello, tiene previsto reunir a su consejo de administración el próximo miércoles para estudiar las acciones de carácter legal que adoptará para defender sus intereses ante lo que considera una «auténtica irresponsabilidad» después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalara la continuidad de la planta durante diez años más.

«Inimaginable»

El Gobierno ya ha telegrafiado que el cierre no tiene marcha atrás. Lo hizo el jueves el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien anunció las acciones necesarias para garantizar su irreversibilidad aunque un futuro Ejecutivo anulara la orden con otra norma del mismo rango, algo perfectamente factible al no existir mecanismos de blindaje jurídico que lo impidan.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que la decisión no es de renovación de la explotación durante cuatro años, sino de «cese definitivo de la actividad», e incluirá medidas previas que aseguren su cumplimiento. A su juicio, resultaría «inconcebible» que un Gabinete de otro color político pudiera dar marcha atrás al cierre de Garoña el 6 de julio de 2013. «No me es imaginable que nadie piense cambiar eso», proclamó. «No sería responsable», repitió después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la resolución que pone fecha de caducidad a la central burgalesa y al futuro plan de reactivación industrial del área afectada. La medida no tiene vuelta de hoja, insistió. «Es irreversible». Lo contrario «jurídicamente no sería admisible».

El Ejecutivo confía en que dentro de tres o cuatro años, cuando ya se hayan puesto en marcha actuaciones encadenadas para 'desconectar' la planta, la situación 'de facto' en el entorno de la instalación sea tal que a nadie se le pase por la cabeza anular la orden de cierre por innecesario y hasta contraproducente. «Tomaremos medidas previas para garantizar que el plazo de funcionamiento sea hasta 2013», recalcó Fernández de la Vega.

Residuos

La vicepresidenta defendió que la prórroga de cuatro años, y no dos en coherencia con el programa electoral del PSOE, es una decisión «meditada y razonable», que da tiempo a desplegar una alternativa para el Valle de Tobalina y comarcas próximas y recolocar «a todos y cada uno» de los trabajadores hoy dependientes de la central, un millar entre empleos directos (unos 350) e indirectos. Y proporciona margen, añadió, para buscar una solución al «problema de gestión de los residuos de las centrales nucleares».

Para 2013 debieran estar ya en marcha, si no todas, sí las principales actuaciones del plan de reactivación industrial de la zona. De momento, sus enunciados caben en un 'post it'.

El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado de todo el parque nuclear español, aunque Sebastián recalcó que se trata de un tema «independiente» del futuro de Garoña.

Por su parte, el lehendakari, Patxi López, consideró ayer «acertada» la «prudente» decisión del Gobierno y explicó que existe «tiempo suficiente» antes del cierre como «para poder tener una alternativa de generación de empleo y de riqueza» en esa comarca burgalesa.