Si no fuera porque el presidente destituido Manuel Zelaya advirtió de que hará en los próximos días un segundo intento de retornar a Honduras, la crisis desatada en el país centroamericano tras el golpe de Estado comenzaría a estancarse debido a la tenacidad del gobierno de hecho que permanece blindado ante la unánime condena internacional y se resiste a dar marcha atrás. El derrocado presidente declaró además a la cadena de televisión venezolana Telesur que se reunirá hoy con la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, para pedirle que asuma una posición más clara ante la rebelión cívico-militar que le arrojó del poder.
Zelaya intentó regresar a Tegucigalpa el domingo. Pero los golpistas colocaron blindados, soldados y otros vehículos en la pista y el avión que trasladaba al mandatario expulsado, junto al presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel d'Escoto, se vio obligado a dirigirse a Nicaragua para recalar finalmente en El Salvador. Allí, junto a otros dirigentes latinoamericanos, Zelaya pidió a los golpistas que «dejen de reprimir al pueblo». Se refería en concreto a los enfrentamientos que se produjeron en el aeropuerto de Toncontín que derivaron en la muerte de dos manifestantes, según confirmó el canciller del gobierno provisional, Enrique Ortez.
Una vez que el presidente depuesto anunció que viajaría a su país, decenas de miles de seguidores se dirigieron hacia el aeródromo para recibirle. Tras pasar una serie de controles, los simpatizantes de Zelaya permanecieron junto a las vallas del recinto, que se encontraban fuertemente vigiladas por militares. Al intentar traspasar ese límite empezaron los disparos, según los testigos.
«Nos tiramos al suelo porque los militares comenzaron a disparar», relató a la prensa uno de los manifestantes que estaba junto a Isis Murillo, un joven de 19 años que fue una de las víctimas mortales. «Él se levantó y en ese momento le metieron una bala en la cabeza», agregó. Murillo fue trasladado con urgencia por los seguidores de Zelaya a un centro sanitario, pero murió antes de llegar puesto que había perdido mucha masa encefálica. Además, casi novecientas personas fueron detenidas con motivo del toque de queda, aunque la mayoría fueron puestas en libertad algunas horas después.
Estos incidentes no impidieron que durante la jornada de ayer los partidarios de Zelaya salieron de nuevo a las calles en una marcha con el objetivo de llegar hasta la Casa Presidencial, para exigir el reestablecimiento del orden democrático.
«Iré mañana o pasado»
«No pensé que iban a poner obstáculos en la pista», declaró el depuesto presidente desde El Salvador y repudió la represión. «Llamo a las Fuerzas Armadas a bajar sus rifles. Les suplico. Les ordeno que no repriman al pueblo hondureño», clamó. Zelaya añadió que volverá a intentar regresar al país. «Vamos a buscar cómo entrar mañana o pasado», reiteró.
Para el dirigente expulsado del poder, la actitud de los golpistas que impiden su retorno «debe preocupar a los demás presidentes. En el siglo XXI nos negamos a aceptar que ocurra esto a un presidente democrático de cualquier país del mundo», sostuvo.
Desde Francia, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, le dio la razón. «No es posible aceptar mas golpes en América Latina», señaló y advirtió de que «bajo ninguna hipótesis» será reconocido el actual gobierno hondureño. «Los golpistas deben entenderlo», sentenció. El dirigente brasileño también señaló que «no podemos aceptar» que autoridades ilegítimas se valgan de la violencia para reprimir a los simpatizantes de Zelaya.
No obstante, las gestiones internacionales para restablecer el orden constitucional en Honduras parecen haber perdido el ritmo acelerado que adquirieron la primera semana posterior al golpe. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, manifestó estar «dispuesto a seguir adelante con las gestiones para conseguir nuestros objetivos, que seguirán siendo restablecer el orden democrático en el país», pero no aludió a acciones concretas.
La semana pasada, la OEA dio un ultimátum a los golpistas y su secretario general viajó a Tegucigalpa para entregar la notificación a las autoridades judiciales. El domingo de madrugada el organismo expulsó a Honduras. Pero ahí se acabaron las iniciativas de Insulza para atajar la crisis.
En Ginebra, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció ignorar «cuál sería la solución práctica después de lo que hemos visto ayer (por el domingo)», declaró en referencia el intento frustrado de Zelaya de retornar a Tegucigalpa.
Lula, por su parte, sugirió «designar interlocutores» para acometer un diálogo con la sociedad civil hondureña.