'caso Gürtel'
Inicia los trámites para que el presidente de la Generalitat y tres de sus colaboradores sean juzgados por un jurado popular
Francisco Camps presidió ayer la apertura de nuevos servicios en el Hospital Clínico de Valencia. / EFE
El magistrado de la rama valenciana del 'caso Gürtel', José Flors, considera que existen «suficientes indicios racionales» para sentar en el banquillo al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a tres de sus más cercanos colaboradores bajo la acusación de «cohecho pasivo impropio». El instructor del Tribunal Superior de Justicia en esta autonomía rechazó ayer el sobreseimiento y archivo de la causa que reclamaban las defensas del mandatario autonómico y los otros tres imputados, e inició los trámites para que los acusados sean juzgados por un jurado, tal y como establece la ley para ese delito.
El tribunal valenciano, tras los últimos informes de los servicios antiblanqueo de la Policía Nacional, afirma que es una «realidad muy probable» que Camps y el resto de sospechosos recibieron de la trama corrupta diferentes trajes, sin que hayan podido probar en ningún caso que «abonaran su precio directa o indirectamente al establecimiento vendedor». Los otros acusados son el secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa; el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret; y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos. Afirma la resolución que, al contrario de lo que sostienen los imputados, los indicios apuntan a que esos regalos eran «satisfechos» por la red de empresas que lideraba Francisco Correa.
El instructor recuerda que el Gobierno autonómico adjudicó entre 2005 y principios de 2009 no menos de seis millones de euros a Orange Market, la filial valenciana de Correa. Pero Flors niega que haya pruebas para afirmar que estos contratos fueron adjudicados gracias a los trajes. «No existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las que fueron obsequiados (los imputados) y los concretos actos de contratación por las autoridades y los funcionarios de la administración», afirma el magistrado, quien recalca que «no existe constancia de que los agasajos fueran la causa de esa concreta adjudicación».
Por ello, el instructor apunta que los cuatro imputados habrían incurrido en el más leve de los cohechos que figuran en el Código Penal, el del artículo 426, que castiga con una pena de multa de tres a seis meses el hecho de haber recibido «dádivas o regalos» en «consideración a sus funciones (públicas)» sin llegar a tomar una decisión para favorecer a los cohechadores. De haber determinado el magistrado que los contratos fueron a cambio de los trajes, podría haberles imputado el tipo penal más agravado, castigado con hasta tres años de cárcel y quince años de inhabilitación.
Prendas por 2.600 euros
Flors, en el auto, sostiene que esos trajes son indicios bastante sólidos para «poner fin» a las diligencias previas, en las que se trataba determinar si se había producido un delito. Por ello, abre acto seguido un procedimiento penal por un ilícito de cohecho. En su escrito, el instructor recuerda cuándo los cuatro imputados se dejaron regalar trajes de las tiendas de ropa madrileñas Milano y Forever Young. Y cómo esta lluvia de dádivas empezó en enero de 2005, coincidiendo con la primera adjudicación a 'Orange Market' del stand valenciano en FITUR. Fue cuando el responsable de esta empresa, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', se presentó en Milano acompañado de Betoret al grito de «vamos a hacerle una serie de ropa a este señor». El jefe de gabinete se llevó trajes, abrigo y americanas a medida por un valor superior a los 2.600 euros.
El sastre de Milano, José Tomás, se fue en 2005 a Valencia para tomar medidas a Costa en su despacho del PP. Los trajes costaban 2.400 euros. Al día siguiente hizo lo propio con Campos, a «quien le exhibió un muestrario de telas», bajo la supervisión de 'El Bigotes'. Otros 4.850 euros y así otras múltiples anotaciones hasta verano del pasado año.
Relata el instructor que Camps cayó en las redes de 'El Bigotes' a principios de 2006. «Por indicación» de Pérez, el presidente se fue a Milano. Los cuatro primeros trajes fueron devueltos porque «no le venían bien». Tomás se trasladó en noviembre de 2006 a 'Forever Young' y volvió a encargar otros cuatro trajes por valor de 2.880 euros. «No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó Camps en su declaración», apunta José Flors, quien tampoco cree al presidente cuando señala que pagó en metálico en la primavera de 2007 unos zapatos y un par de americanas. El juez, sin embargo, no considera probado que cuatro caras corbatas, un esmoquin y un frac supuestamente encargados por Pérez para el jefe del ejecutivo terminaran en manos de Francisco Camps.
Anuncio de recurso
La decisión del magistrado Flors de seguir adelante con el proceso contra Camps y sus colaboradores puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Camps y Costa anunciaron que apelarán el auto. Lo mismo harán, según fuentes del PP, las defensas de Betoret y Campos.
Mientras la sala estudia esos recursos, los cuatro imputados, acompañados de abogados, volverán la próxima semana a la sede del tribunal superior, a la que ya acudieron para declarar en mayo, para la celebración de una vista preliminar en la que se les comunicará las imputaciones «concretas».
En la decisión de Flors de abrir un procedimiento penal ha pesado los nuevos informes de la Brigada Policial contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales sobre los regalos al presidente de la Generalitat y el resto de imputados. Incluyen dos nuevas pruebas que la Policía Judicial entiende que confirman el pago con trajes que ya reveló el libro de 'contabilidad B' de la trama empresarial encontrado en un piso de Madrid. La primera evidencia son correos electrónicos de las firmas de Correa sobre la confección de los trajes. La segunda prueba es un archivo informático (de nombre «'cuentasmilano'») hallado en un ordenador portátil en el yate 'Parapipi', usado por Correa y los suyos. En ese documento se detallan, prenda por prenda, las dádivas entregadas a los cuatro altos cargos y su importe.
