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Aprecia indicios de delito en la denuncia de una familia de Alonsotegi que acusa a las instituciones de no mitigar «su calvario»
El eje del Cadagua pasa muy cerca de algunas viviendas de Alonsotegi. / MITXEL ATRIO
La Audiencia de Vizcaya ha ordenado a un juez de Barakaldo que investigue los niveles de ruido que soporta una familia de Alonsotegi que vive a escasos metros del corredor del Cadagua. A juicio de los magistrados, existen indicios de delito en el caso, que ahora será reabierto después de que la denuncia fuera archivada en primera instancia. El abogado del matrimonio afectado por la contaminación acústica del tráfico rodado que circula a diario por este importante vial ha solicitado el procesamiento del alcalde de la localidad encartada, Aitor Santisteban, y del diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo, por no poner remedio al «calvario» que soportan sus clientes desde abril de 2007. En la querella se advierte de que conviven con niveles de ruido que superan los 75 decibelios.
En el auto, al que ha tenido acceso EL CORREO, la Audiencia constata que el juez de Barakaldo no encargó ninguna prueba pericial durante la fase de instrucción. En este sentido, le ordena que acceda a las peticiones de la parte demandante para que la contaminación acústica registrada dentro de la vivienda familiar sea medida por expertos en la materia. Además, la acusación quiere que los peritos determinen la distancia exacta que separa la variante de Alonsotegi del piso. El letrado cree que no cumple con los cincuenta metros que estipula la ley.
El edificio donde reside de forma habitual la pareja, que tiene una niña de sólo 3 años, forma parte de un edificio de protección local, que cuenta con doce inmuebles. Varios de ellos emprendieron hace dos años movilizaciones para exigir a la Diputación que pusiera pantallas acústicas en la carretera. El organismo foral accedió a esta petición vecinal. Después, los ánimos se aplacaron y sólo una familia decidió poner el caso en manos de la Justicia.
76 decibelios
La pareja afectada encargó un estudio independiente. Con un sonómetro «no homologado» se midió el impacto del tráfico rodado. El resultado: 76 decibelios. 16 más, por ejemplo, que el límite fijado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente para beneficiarse del plan de insonorización de viviendas del aeropuerto de Loiu. «Son niveles muy altos, por encima de lo que fijaba el estudio de impacto ambiental que se elaboró para autorizar las obras del eje del Cadagua», se señala en la querella. El fiscal, por su parte, también apoyó la petición de la parte demandante para que el caso fuera reabierto.
