Los niveles crecientes de sustancias tóxicas detectados en diversos puntos del terreno de Zabalgarbi provocaron ayer diversas reacciones en instituciones, asociaciones y grupos políticos. La mayoría coincidió en mostrar su preocupación por el asunto y destacaron la necesidad de adoptar medidas paliativas. La Diputación, que posee el 20% de las acciones de la planta, adelantó ayer que ha pedido explicaciones al consejo de administración de Zabalgarbi. El Departamento de Medio Ambiente, que encabeza Iosu Madariaga, ha solicitado a los responsables de la incineradora que informen sobre el «alcance» y las «causas» de los índices de elementos contaminantes detectados.
Fuentes de la institución foral aseguraron que, «hace unas semanas», ya reclamaron datos a la empresa y que, ahora, están esperando a que les proporcionen los resultados de unos análisis que han encargado para conocer la evolución en la presencia de estos agentes. Los mismos medios apuntaron que también se han puesto en contacto con representantes del Gobierno vasco -que igualmente está representado en la compañía a través del Ente Vasco de la Energía- y, finalmente, quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad. «No existen motivos para la alarma pública. Está todo bajo control», recalcaron.
«Aclarar el asunto»
El PSE-EE, que mostró su «preocupación» por el incremento de toxicidad en los terrenos de Zabalgarbi, recalcó a través de su apoderado Isaac Fernández la «importancia» de la información publicada por este periódico y pidió la comparecencia del máximo responsable foral de Medio Ambiente para que «aclare este asunto».
El portavoz de EB en la Cámara vizcaína también reclamó la presencia de Madariaga. José Ferrera tildó de «preocupante» la posible «repercusión» que este incremento en la contaminación podría tener «sobre el canal de Ordunte y sobre la salud de las personas». Por todo ello, Ferrera aseguró que es «urgente» la comparecencia del diputado del área para que explique las «medidas que se han adoptado o se van a adoptar para solucionar este problema».
La Asociación Cluster de Industrias del Medio Ambiente del País Vasco (Aclima), de la que forma parte Zabalgarbi, también se refirió ayer a este tema. El presidente de la agrupación, Javier Caño, afirmó que están recopilando información sobre los índices de toxicidad hallados y adelantó que no barajan medidas sancionadoras que no estén contempladas por los estatutos de la organización.