Efecto Mondragón

La prohibición por parte de la Audiencia Nacional de distintos actos y concentraciones convocados en Mondragón para homenajear la memoria de un activista de ETA fallecido y recordar a presos de esa organización terrorista pareció ayer adelantarse al propósito anunciado por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, de acudir en adelante a dicha jurisdicción; es de suponer que para asegurarse de que la Justicia se sume a su empeño de acabar con la impunidad. La anterior resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, desestimando la limitación impuesta por la dirección de la Ertzaintza para que las manifestaciones que semanalmente se convocan en Mondragón dejen de mostrar fotografías de presos de ETA, había suscitado un enojo manifiesto por parte del consejero Ares, y decepcionado profundamente a las víctimas del terrorismo que se estaban sintiendo moralmente compensadas por las iniciativas que a lo largo del verano han tratado de acabar con las muestras de apoyo a los etarras.

La cuestión es que ambas resoluciones son perfectamente legales, y ninguna de ellas puede tenerse por más legal que la otra. Otra cosa es cuál de las dos responde con mayor rigor y conocimiento de causa al desafío planteado por las convocatorias de Mondragón al Estado de Derecho. En este punto habrá que concluir que, aun ajustándose a derecho al requerir pruebas sobre los riesgos delictivos que pudiera acarrear la triple convocatoria de Etxerat, la resolución del TSJPV refleja una apreciable candidez respecto a la lectura que hace de las intenciones de los convocantes.

Las manifestaciones procesionales de los viernes en Mondragón no suponen una «alteración del orden público, con peligro para personas y bienes», en tanto que esto se entienda en relación al momento de su desarrollo. Pero es indudable que la liturgia semanal forma parte del ritual ideado para preservar la cohesión movilizada de un núcleo irreductible en torno a ETA. El propio eslogan que lucen los manifestantes por detrás, 'Etxean nahi ditugu', mientras por delante muestran la foto de un preso -en muchos casos familiar cercano- no puede ser contemplado como expresión de una demanda de modificación de la política penitenciaria, tal como consta en la resolución del Tribunal Superior vasco. Todo lo contrario, el lema 'los queremos en casa' resume a la perfección la calculada ambigüedad con la que ETA trata de emitir un mensaje que abarca desde las necesidades más inmediatas que pueden sentir los padres, las parejas o los hijos de esos presos a la reclamación de la amnistía. El sentido último de ese mensaje es el de exonerar pública y semanalmente a los activistas condenados por crímenes terroristas, para así sacudirse la propia responsabilidad que ha ido contrayendo la banda crimen tras crimen.

Pero sería erróneo interpretar lo sucedido entre el TSJPV y la Audiencia Nacional como si esta segunda hubiese corregido la ingenuidad mostrada por el primero, y como si el objetivo de acabar con la impunidad estuviese más a salvo en manos de Eloy Velasco, Baltasar Garzón o cualquiera de los jueces de la Audiencia Nacional, tal y como dio a entender el consejero Ares nada más conocer la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo vasca. Sería tanto como suponer que la Justicia emanada de Madrid es más efectiva en la lucha contra el terrorismo que las resoluciones que se dicten desde Bilbao. O que las contradicciones sólo se dan entre tales ámbitos jurisdiccionales, mientras que los titulares de la Audiencia Nacional redactan sus fallos con disciplinada rectitud.

Rodolfo Ares no sólo se pasó en la desconsideración que sus palabras reflejaban en cuanto a la relación institucional que el Gobierno vasco debería mantener respecto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). También fue excesivo su entusiasmo al confiar en la Audiencia Nacional como si ésta fuese a responder siempre positivamente a sus requerimientos. Porque ni las leyes ni la jurisprudencia pueden ser desposeídas tan fácilmente de los límites democráticos que establecen; ni los jueces pueden supeditar sus criterios a una determinada estrategia, por plausible que sea ésta; ni parece realista pretender que la combinación entre las leyes más adecuadas y los jueces más comprometidos será capaz de desmontar toda la panoplia de recursos que la izquierda abertzale tiene en su mano para sortear el cerco del Estado de Derecho contra la impunidad.

Ha habido algo en la reacción de Ares a la resolución del TSJPV que denota una excesiva confianza en la imparable irreversibilidad de su impulso contra la impunidad. Lo que se une al hecho de que la sobreexposición pública del consejero Ares haya contribuido a soliviantar los ánimos entre los nacionalistas recién apeados del Gobierno. La interesada necesidad que éstos sienten de continuar prestando cobertura a los movimientos de la izquierda abertzale no impide recordar que la omnipresencia de un responsable público en los medios de comunicación asegura siempre su popularidad, aunque no necesariamente favorezca a su cometido.