El Gobierno sólo financiará el Guggenheim si se somete a los controles del sector público

El Guggenheim tendrá que justificar sus cuentas, salarios y contrataciones como cualquier organismo público, y en caso de que no lo haga el Gobierno vasco le retirará su apoyo económico, que en la actualidad asciende a 7,6 millones de euros al año. La consejera de Cultura, Blanca Urgell, puso ayer sobre la mesa esta medida en una comparecencia en el Parlamento vasco, en la que lamentó que la Diputación de Vizcaya, socia al 50% en el museo, hubiera frenado la realización de un nuevo informe para saber la situación actual de la Sociedad Tenedora del museo, en la que se produjo el agujero de más de seis millones de euros por la compra de dólares.

La diputada de Cultura, Josune Ariztondo, explicó a EL CORREO que el Guggenheim ya ha puesto todos los controles necesarios para que esos «hechos desgraciados» no vuelvan a ocurrir y añadió que al ente foral le basta con la auditoría externa ya realizada por la empresa Attest y la del Tribunal de Cuentas. «Aún se siguen haciendo operaciones de cambio de dólares porque en esa moneda pagamos las obras de arte y los servicios de comisariados para las exposiciones, transportes, etc. El año pasado el Guggenheim ganó un millón de euros gracias a las cotizaciones favorables. Unas veces se gana y otras se pierde», declaró Ariztondo.

En la comparecencia, Urgell contestó a las preguntas del popular Carmelo Barrio sobre si va a aplicar las recomendaciones sobre el control financiero en el museo de Bilbao y en el Balenciaga de Getaria, aprobadas por la Cámara en diciembre de 2008. Sobre el primero, la consejera reconoció que el Gobierno «tiene las manos atadas».

En un claro aviso a navegantes, Urgell avanzó que el Ejecutivo ha emprendido la modificación de las leyes para que las normas del sector público vasco se apliquen a todos los consorcios, fundaciones y sociedades cuyo capital mayoritario sea de las instituciones. Estas regulaciones no sólo afectan a la verificación de cuentas, sino también a los sueldos, la contratación de personal y los concursos de proveedores, entre otros asuntos, y alcanzarían a la Fundación Guggenheim y las sociedades instrumentales Tenedora e Inmobiliaria, del mismo museo, y también a la Fundación Balenciaga. Un nuevo envite a la Diputación de Vizcaya, con la que el Gobierno mantiene unas tensas relaciones.

Claridad necesaria

«El departamento de Economía y Hacienda presentará en los próximos meses un proyecto legislativo que regule esta cuestión», adelantó Urgell. En él, «los presupuestos de las fundaciones públicas se incluirán en el proyecto anual de Ley de Presupuestos» del Gobierno vasco.

La consejera se refirió también al informe del Tribunal de Cuentas sobre el Guggenheim hecho público el pasado junio, que incorporaba «novedades» como las dos operaciones de adquisición a plazo de divisas, que vencieron en mayo y en junio, y en las que se perdieron un total de 800.000 euros. Urgell pidió un nuevo estudio que fotografiara al detalle la situación de la Tenedora, ya que asumió esas pérdidas procedentes de la fundación. El informe habría servido también para señalar las responsabilidades de la persona que aparece en la cúspide de ambos organismos, Juan Ignacio Vidarte, toda vez que esa transacción supuso un perjuicio para el fin social de la Tenedora, adquirir obras de arte, según Urgell. Pero sus socios en el Guggenheim «se negaron en redondo a realizar ese informe que nos proporcionaba a todos la seguridad y la claridad necesarias de cara a tomar futuras decisiones», argumentó.

Por el contrario, a juicio de Ariztondo, en las operaciones de los 800.000 euros de pérdidas no hay ninguna novedad. «La Tenedora sólo aprovechó unas opciones de compra de la fundación para evitar unos intereses de demora».

En cuanto a la Fundación Balenciaga, Urgell anunció que el Gobierno vasco había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y la Diputación de Guipúzcoa para entrar en ella las tres instituciones y enderezar su gestión. La consejera puso sus relaciones con el organismo foral guipuzcoano como ejemplo de cooperación institucional.