Los Mendiola derriban el chalé de la discordia

La demolición del chalé de la familia Mendiola ha comenzado. Los escombros han sustituido una construcción ilegal de tres alturas ubicada en el paraje logroñés de La Grajera. La noticia pone punto final a veinte años de acusaciones, pleitos y escaramuzas jurídicas ininterrumpidas. La presencia minoritaria de Francisca Mendiola, senadora del Partido Popular, en la propiedad del edificio ha convertido este proceso en un larguísimo serial mediatizado y repleto de hostilidades políticas.

La historia se remonta a 1989. La familia Mendiola amplió una construcción de usos agrícolas localizada en suelo urbanizable no delimitado. La reforma supuso la elevación en dos alturas del inmueble. He aquí el origen de este culebrón urbanístico. El Ayuntamiento de Logroño, regido entonces por el socialista Manuel Sáinz, declaró ilegal el edificio, convertido ahora en un chalé, y cursó una orden de derribo. Corría 1993.

El expediente de ejecución subsidiaria del mandato municipal, que implicaba el derribo por parte del Consistorio y el cargo de los costes a la propiedad, fue acordado pocos meses más tarde. La familia, entre tanto, había recurrido a los tribunales. Siempre sostuvo que la casa de planta baja y dos alturas «llevaba construida más de cien años». El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) se pronunció en 2006: confirmó la ilegalidad de la construcción. Fue en aquella época cuando la propiedad habló por vez primera de la instalación de un camping en la zona. Todas las solicitudes serían denegadas.

El silencio

El final de la polémica se antojaba entonces inminente, merced a la resolución judicial. Sobrevino, sin embargo, el silencio. Transcurrieron los años sin novedad conocida. Gobernaba la ciudad el alcalde popular José Luis Bermejo.

Julio Revuelta, que accedería a la alcaldía en el año 2000, era entonces concejal de Urbanismo.

La polémica regresó a la escena pública en 2006, es decir, once años más tarde. El detonante fue una rueda de prensa protagonizada por el concejal socialista Vicente Urquía, entonces en la oposición. Reclamó la ejecución de la sentencia del TSJR y habló de «amiguismo». El grupo socialista llegó a solicitar la dimisión de la senadora Francisca Mendiola. El gobierno municipal arguyó que el edificio se encontraba «a la espera de la aprobación de un proyecto de camping en la zona».

El Ayuntamiento, sin embargo, acordó meses después cumplir «de forma inmediata» la orden de demolición. El proyecto de derribo fue aprobado en marzo de 2007. La propiedad, agrupada en la sociedad Inmenola, respondió con un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Alegaba que el expediente había caducado.

El tribunal suspendió el derribo como medida cautelar. Entre tanto, accedió al gobierno municipal el socialista Tomás Santos.

El desenlace

La sentencia sobrevino en abril de 2009: el juzgado precisó que no había lugar a prescripción alguna. El chalé debía ser derribado. Tres meses después y previo recurso de los propietarios, el TSJR ratificó la resolución. El final de la historia parecía próximo. La reacción municipal no se hizo esperar. El Ayuntamiento adjudicó la demolición muy pocas semanas más tarde. La propiedad habló de amparo al Tribunal Constitucional. La reacción, sin embargo, fue otra: solicitó hacerse cargo del derribo del chalé. La petición fue aceptada con una serie innegociable de condiciones temporales.

Los plazos han sido cumplidos. La demolición comenzó el sábado a media tarde. El edificio, de repente, ha desaparecido del paisaje de La Grajera. Este serial prolijo y urbanístico, que ha conocido cuatro alcaldes y seis corporaciones, toca a su fin. Comenzó en 1989 y, salvo imprevistos, concluirá en 2009. Han sido, por tanto, veinte años de polémica.