El PNV no presentará hoy enmienda de totalidad a la reforma de la ley del aborto remitida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Congreso, aunque sí introducirá alegaciones parciales al texto durante el trámite correspondiente, convencido de que sus propuestas no alteran el espíritu del proyecto pero sí lo «mejoran». De hecho, los jeltzales no prevén excesivos obstáculos para negociar la incorporación de sus enmiendas y apoyar finalmente la redacción definitiva, como ya adelantó EL CORREO el pasado sábado.
De todas ellas, que recibieron ayer el visto bueno del Euzkadi buru batzar aunque su redacción no ha concluido, la más significativa hace referencia a uno de los aspectos de la ley que más controversia pública ha generado: el que faculta a las adolescentes de 16 y 17 años a abortar aun sin permiso paterno. El grupo peneuvista en Madrid propondrá que el personal sanitario tenga la obligación de informar a los padres o tutores de las menores, aunque sean éstas quienes tengan la última palabra a la hora de decidir si quieren o no interrumpir el embarazo.
El informe que la dirección del PNV ha elaborado, previa consulta a expertos sobre los aspectos médicos, jurídicos y éticos de la ley -un extenso documento de veintidós páginas-, subraya que la normativa vigente «crea un problema» a las adolescentes que no desean informar a sus padres de su embarazo y puede originar retrasos en el acceso al aborto o incluso inducirlas a optar por prácticas clandestinas. La actual ley de autonomía del paciente establece la mayoría de edad sanitaria a los 16 años, salvo para participar en ensayos clínicos, solicitar técnicas de reproducción asistida o abortar.
Por ello, los jeltzales creen necesario salvaguardar el derecho al aborto de estas jóvenes y a la vez aboga por la «comunicación a los padres, que debe ser estimulada, porque lo deseable es que una mujer que interrumpe su embarazo tenga todo el apoyo emocional de las personas significativas para ella». También reconocen que las menores que ocultan la situación en su hogar «suelen tener una buena justificación». En todo caso, se declaran partidarios de admitir la validez del consentimiento a partir de los 16 años, una opinión de la que ayer discrepó públicamente el senador peneuvista Iñaki Anasagasti, que consideró «una auténtica barbaridad» esa hipótesis y se mostró convencido de que «no va a prosperar de ningún modo».
En otra de sus enmiendas -son alrededor de una decena, que el partido detallará mañana-, el PNV pedirá que se regule adecuadamente la libertad de objeción de conciencia del personal sanitario. El partido de Iñigo Urkullu subraya la necesidad de que todas las instituciones involucradas adopten medidas para compatibilizar el derecho de los médicos a negarse a practicar abortos por razones de conciencia con la «agilización de los trámites de prestación del servicio por parte de otro profesional no objetor», para evitar que, en la práctica, la sanidad pública «desatienda esta prestación, a la que están obligados con medios propios o ajenos».
Un «fracaso»
El PNV, que justifica su postura favorable a la reforma en lo «obsoleto» de un sistema que deja «en manos de terceros» la posibilidad de interrumpir la gestación sin consecuencias penales y en la necesidad de paliar la inseguridad jurídica y sanitaria, considera en todo caso el aborto como un «fracaso» individual y colectivo. Se muestra de acuerdo con los plazos propuestos -hasta la semana 14 o hasta la 22 en caso de peligro para la salud de la madre o anomalías fetales-, pero exigirá en otra enmienda que en ningún supuesto existan penas de cárcel para quienes los incumplan y que, en todo caso, la ley sea siempre más dura con el profesional que con la mujer.
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