El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, salió ayer a la arena pública para dar la cara en la presentación de las 10 enmiendas a la reforma de la Ley del Aborto que su partido tiene previsto registrar hoy en el Congreso de los Diputados. Sin darlo todo por zanjado, el líder jeltzale dejó claro que han advertido al Gobierno de Zapatero «que si quiere contar con nuestro voto, deberá satisfacer todas nuestras demandas». Las enmiendas no admiten discusión. Entre ellas, destacan dos: la exigencia de que los padres reciban notificación de la intención de abortar de las jóvenes entre 16 y 18 años, y el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Como no ha existido «ninguna negociación previa», están a la espera de la receptividad del PSOE.
Los partidos que van a interponer enmiendas puntuales no tienen todos la misma consideración, tal como recordó la semana pasada el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso. Por un lado se encuentra el PNV; por otro, las agrupaciones de izquierda (ERC, IU-ICV y BNG) que apoyaron el anteproyecto hace un año y también plantean cambios parciales. Con este último grupo, el Ejecutivo central tiene «un consenso consolidado» y, en teoría, su apoyo bastaría para sacar adelante la reforma. De ahí que las matizaciones del PNV «vayan a ser tenidas en cuenta» pero -añadía hace días Alonso- «el texto será aprobado en los mismos términos en que ha sido elaborado por el Gobierno». Es decir, no es una prioridad aceptar en bloque las correciones del partido jeltzale. El compromiso del PSOE se limitará a estudiar «con atención» las propuestas del PNV, porque «cuanto más consenso reúna la nueva ley, mejor para todo el mundo».
Discrepancias internas
La decisión de respaldar el anteproyecto del Ministerio de Igualdad ha partido del propio Euzkadi Buru Batzar (BBB) del PNV. Un salto cualitativo en la historia del partido jeltzale, que siempre había otorgado libertad de voto a sus diputados y que, todavía ahora, cuenta entre sus filas con resistencias cualificadas como la del senador Iñaki Anasagasti, que considera «una barbaridad» el aborto de las menores sin el consentimiento de los padres. No obstante, a juicio de Urkullu, «en el partido se ha abordado el debate sobre un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva sin problemas». No hay ninguna confrontación abierta entre distintas sensibilidades, ningún debate interno más allá del EBB, ya que «los representantes del PNV, desde el respeto a la conciencia, ética y creencias de cada uno, han resuelto dar este paso como representantes del colectivo (el partido)».
La presencia en la rueda de prensa de Belén Greaves, secretaria del órgano ejecutivo del PNV, y de Aitor Alzola, responsable del área social, avalaban esa postura. «Ambos son 'burukides' que han llevado gran parte del peso de la comisión y el debate sobre este tema», apostilló Urkullu. Pero ninguno de los dos intervino en la presentación y explicación de las enmiendas. Su presencia se limitó a arropar la lectura que corrió a cargo de Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso. Este último, paradójicamente, votó en conciencia hace ocho años en contra de la despenalización de un cuarto supuesto, es decir, cuando la continuación del embarazo supone un conflicto grave para la madre.
El tema del aborto no se incluía en el programa electoral del PNV y, por ello, no han faltado protestas en el seno del propio partido; el obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, se ha hecho eco de ese malestar y ha reconvenido a la jerarquía jeltzale su cambio de postura. Sin ningún éxito. «El PNV tiene portavoces, presidentes de órganos ejecutivos y diputados que consideran oportuno un cambio de rumbo», insistía hace días Margarita Uría, ex diputada de la agrupación jeltzale y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Las circunstancias concretas son otras. Como cualquier partido serio y de gobierno, debemos ser un reflejo de la sociedad. Es un tema delicado, claro que sí, pero no se puede obviar», reflexionaba la militante jeltzale, ponente de un informe favorable a la reforma que se discutió el pasado verano en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aquel documento no fue aprobado por el Pleno del CGPJ -como tampoco lo fue otro en sentido contrario- pero será valorado en el debate que tendrá lugar en el Parlamento. Su propio partido también ha utilizado algunos de los argumentos jurídicos de Uría. Por ejemplo, la elección de los 16 años como edad mínima para decidir autónomamente se justifica «de acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente», defiende el PNV.
En esa norma se concede plena capacidad a los jóvenes de 16 años en todo aquello que les afecte desde un punto de vista médico, salvo en tres casos: ensayos clínicos, reproducción asistida y aborto. A juicio del EBB, la eliminación de esta última excepción tiene su lógica pero, eso sí, se exige «la notificación a los padres de la intención de abortar de su hija». Esta es su enmienda más contundente, que responde a uno de los puntos más polémicos de la ampliación de la Ley del Aborto. «Quizás hubiera sido preferible situar el límite de edad a los 18 años...», reconocía Margarita Uría en una conferencia ofrecida la semana pasada a alumnos de Derecho de la UPV.
Carga ideológica
El PNV tampoco tiene nada que objetar, en principio, a la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas. Ahora bien, sus portavoces reconocieron ayer que no comparten «la carga ideológica» de la exposición de motivos o preámbulo del anteproyecto del Ministerio de Igualdad. No es de recibo justificar el aborto en las primeras 14 semanas con el argumento de que en esa fase de gestación prevalece el derecho de autodeterminación de las mujeres, expuso Erkoreka. De ahí, añadió, que otra de las enmiendas del PNV sea «la supresión entera» de ese párrafo en el texto de la futura ley.
Esta crítica coincide con la que hacía Margarita Uría en su informe favorable a la reforma de la Ley del Aborto. «No puede reducirse el conflicto (...) a los términos de libertad absoluta e incondicionada de la mujer y y vida del concebido», se puede leer en el documento que defendió la ex diputada del PNV en el seno del CGPJ. La dignidad femenina -«concretada ya sea en la intimidad personal y familiar, desarrollo de la personalidad...»- debe ser el contrapunto inexcusable que colisione con los derechos del feto.
O sea, que «no se trata de defender el aborto libre sin más ni más», como apuntaba ayer el presidente del EBB. Urkullu indicó que no se ha planteado el debate como una cuestión de «conflictos entre derechos, entre la vida o la muerte, o un debate maniqueo». Al contrario, el íder jeltzale explicó que con su postura, «absolutamente legítima», el PNV pretende «una mejor regulación» que la que existe, para minimizar en lo posible su práctica y lograr «las máximas garantías sanitarias».
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