El PP denunció ayer que el Ministerio de Interior utiliza un sistema de escuchas e intervención de comunicaciones «ilegal e inconstitucional» y que, además, carece de cualquier amparo normativo y, en muchas ocasiones, de control judicial. Alfredo Pérez Rubalcaba recordó a los populares que esa herramienta informática fue comprada cuando el ministro era Mariano Rajoy y aseguró que todas las intervenciones están ordenadas por los jueces.
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, fue el encargado de presentar una proposición no de ley para dar cobertura legislativa al denominado Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), que sirve para intervenir todo tipo de conversaciones en tiempo real y que el propio dirigente popular definió ayer como «el gran hermano».
Pons reconoció que el SITEL fue adquirido bajo el último Gobierno de Aznar, pero que el ex ministro del Interior Ángel Acebes rechazó ponerlo en marcha después de que varios informes de los ministerios de Justicia, Defensa y del Consejo General del Poder Judicial cuestionaran la legalidad de esta herramienta bajo el actual marco legislativo. El vicesecretario aseguró que la intención del PP era empezar a trabajar con este equipo tras reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ahora sólo autoriza los tradicionales 'pinchazos' analógicos.
La denuncia del PP sostiene que en diciembre de 2004, sin hacer esas reformas legales, Interior comenzó a usar este sistema que, según el partido opositor, no discrimina llamadas, almacena sin control el «cien por cien de los datos», carece de una «autoridad certificadora» que garantice la autenticidad de las grabaciones y permite mantener en el anonimato a los centros de interceptación y los «agentes facultados» para las 'escuchas', complicando por tanto el control de los jueces.
'Operación Gürtel'
Como respuesta, el ministro de Interior reconoció que los 'pinchazos' de la 'operación Gürtel' proceden del SITEL y enmarcó las «gravísimas» acusaciones del PP en su enfado por esta operación anticorrupción. También exhibió los contratos firmados por Rajoy y la entonces subsecretaria de Interior, Dolores de Cospedal, e insistió en que este sistema es mucho más garantista que el anterior.
Rubalcaba afirmó que el mecanismo «estaba operativo» en 2004 cuando llegó al Gobierno Zapatero y no aclaró si el Ejecutivo promoverá una reforma legislativa o mayores controles sobre estas grabaciones. La brevedad de su comparecencia impidió que pudiera ser preguntado sobre un informe de la Fiscalía de Madrid en 2006, en el que advertía de que el SITEL era utilizado sin cobertura jurídica adecuada y que, según el PP, obra desde entonces en manos del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
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