El Ayuntamiento de Gorliz ha aprobado en el último pleno municipal adquirir un tramo de la carretera foral de Uresarantze, la BI-3158, lo que permitir mejorar la seguridad de los peatones que transiten por la carretera. Al hacerse con la titularidad del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,440 y 0,980, desde la rotonda del polideportivo hasta el Hotel Entrepinos, el Consistorio podrá ejecutar obras de mejora en la vía, que permanecía en un grave estado de abandono, y que no había sufrido cambios estructurales desde hace más de 40 años.
Desde la firma del convenio con la administración foral, el Consistorio correrá también con los gastos de mantenimiento. A cambio, la Diputación le otorgará 156.105 euros, con los que se financiarán las obras. La alcaldesa, Enma Calzada, cree que se trata de un convenio ventajoso, ya que permitirá al Ayuntamiento actuar y mejorar la seguridad en la zona.
Así, se instalarán tres pasos elevados para obligar a los vehículos a reducir la velocidad a la que transitan. Uno estará a la altura de la curva peligrosa. Por otro lado, se dotará a la zona comprendida entre el Polideportivo y el camping Arrien de asfalto impreso similar al de la calle Itsasbide, y se instalará un semáforo con pulsador. Además, se habilitará una acera provisional de cemento frente al complejo hostelero, en el tramo donde no existe acera y que se corresponde con los suelos del Plan Parcial de Uresarantze, para dar una salida peatonal a los vecinos de la zona.
La adquisición de este tramo de medio kilómetro supone un paso adelante, según el Consistorio. Implica que Gorliz podrá ejecutar obras de cualquier tipo sin el permiso foral. La otra cara de la moneda es que las arcas municipales se encargarán, desde la firma del convenio, del mantenimiento de la carretera. Por este motivo, muchos ayuntamientos son reticentes a adquirir vías forales cuando requieren de mejoras excesivas.
Pero el tramo más peligroso de Uresarantze, el de la curva y la contracurva, seguirán siendo de titularidad foral. Ampliar sólo esta parte de la carretera cuesta 4 millones de euros, según un proyecto elaborado. Este es el principal motivo por el que el Ayuntamiento, de cerca de 5.000 vecinos, no quería hacerse cargo de la totalidad de la vía, porque no podía afrontar su reforma.
Por eso envió a la Diputación decenas de firmas de residentes para que acometiese las reformas, pero el ente foral no tiene previsto realizarlas a corto plazo. Ante su negativa, el Consistorio ha logrado una solución intermedia. El tramo que ha obtenido llega hasta el límite de la curva, el punto más problemático, y las obras a las que se someterá ofrecen la mejor solución posible dentro de la capacidad del Ayuntamiento. «En el tramo que sigue siendo foral no podemos invertir una sola peseta. Deben arreglarlo ellos, suya es la carretera y la competencia», ha remarcado la alcaldesa.
Finalizadas en verano
Las obras estarán finalizadas para el próximo verano, una época en la que la población del municipio se cuadriplica hasta llegar a 20.000 habitantes y en la que la que ve intensificado el tráfico que soporta. El mal estado de la carretera ha sido un tradicional foco de protestas. Incluso un informe de la Policía Local alerta de la peligrosidad que entraña para vehículos y peatones.
