Un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha inspeccionado la sede de la patronal eléctrica Unesa dentro de la investigación que sigue por posibles prácticas anticompetitivas en el sector eléctrico, según desveló ayer el organismo presidido por Luis Berenguer.
Los inspectores, una decena en total, llegaron a la sede de la patronal de las grandes eléctricas antes de las nueve de la mañana del jueves y trabajaron allí hasta primera hora de la tarde de ayer. Se llevaron abundante documentación, tanto fotocopias de escritos como correos electrónicos e información en formato digital.
La Dirección de Investigación de Competencia hizo esta inspección a partir de una resolución dictada el pasado martes por el consejo de la CNC, que analizó algunos aspectos de la patronal que podrían resultar contrarios a la legislación. Competencia sospecha que han existido prácticas irregulares consistentes en el diseño y la coordinación de estrategias en el seno de Unesa, de la que forman parte Iberdrola, Endesa, HC Energía, Unión Fenosa y E.ON. Las pequeñas comercializadoras y distribuidoras no están integradas en la patronal.
En concreto, se sospecha de la existencia de una «estrategia conjunta de obstaculización o restricción de la competencia en el mercado eléctrico, constitutiva de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia».
Multas
Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación a las cinco principales eléctricas y no prejuzgan su resultado. En caso de que finalmente se confirmen las sospechas, se procedería a incoar un expediente formal que supondría una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total obtenido por las firmas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción.
La CNC abrió un expediente sancionador contra las cinco grandes el pasado mes de julio por considerar que podrían estar incurriendo en prácticas contrarias a la competencia, al suspender temporalmente el acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores.
Las empresas afectadas rehusaron pronunciarse sobre la inspección realizada en la sede de la patronal, aunque aseguraron que el organismo no ha contactado directamente con ellas.
