La paciencia del juez del 'caso Gürtel' se ha agotado tras seis meses de espera. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira ha dado 24 horas a los diputados autonómicos Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco para que presenten en el juzgado los 1,7 millones de euros en fianzas para cubrir su posible responsabilidad civil. De no hacerlo, advierte el instructor, embargará sus bienes «en cantidad suficiente» para hacer frente a esa posible indemnización a las arcas públicas.
Pedreira ha desestimado «íntegramente» el recurso de reforma interpuesto por López Viejo contra el auto del pasado 8 de mayo, en el que le impuso una caución de 750.000 euros. Según informó el tribunal, el magistrado tampoco ha atendido a razones en el caso de Martín Vasco, para quien decretó el 5 de mayo una fianza de 950.000 euros, una de las mayores de este proceso. El juez advierte en sus resoluciones, conocidas ayer, que deben «abonar inmediatamente las fianzas, sin perjuicio de que ejerciten los recursos que estimen oportunos». Si el magistrado al final ejecuta los embargos, los bienes deberán tener un valor nominal del 130% de las cauciones.
Los dos parlamentarios autonómicos, acusados de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, deben abonar esas cantidades porque Pedreira considera que hay indicios de que sus corruptelas pudieron provocar daños cuantiosos a las arcas públicas.
Sin concurso
López Viejo, que en mayo se negó a declarar ante el jueza porque no conocía el contenido del sumario, fue el diputado madrileño que más dinero cobró en sobornos: 563.000 euros entre noviembre de 2004 y febrero de 2007. Según la investigación que ordenó Baltasar Garzón, el ex consejero de Esperanza Aguirre, ahora suspendido temporalmente de militancia en el PP, fue la pieza clave de la corrupción en la comunidad. El diputado utilizó sus cargos en el Gobierno autonómico, entre ellos la viceconsejería de Presidencia, para favorecer a las empresas de Correa. Su especialidad era la adjudicación directa de contratos a la trama corrupta, siempre por menos de 12.000 euros para evitar que la prestación de servicios saliera a concurso público.
Martín Vasco, según la investigación realizada por Garzón, recibió todo tipo de dádivas por un valor conjunto de 437.166 euros. El ex presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey «intermedió» para que las empresas de Francisco Correa se llevaran «proyectos urbanísticos» en ese municipio.
