La defensa de 'Abdu Willy', el pirata al que la Audiencia Nacional ha sometido a varias pruebas médicas para determinar su mayoría de edad, correrá a cargo de un abogado de cierto prestigio en Madrid. Javier Díaz Aparicio se acreditó ayer como el letrado que representará al joven somalí. Experto penalista especializado en Derecho Internacional, ha llevado, entre otros, la defensa de mandos del Ejército por el 'Yak-42' y de miembros de la mafia turca. Participó, además, en el primer juicio contra la 'ley Corcuera' y consiguió que se modificaran sistemas de prisión preventiva en la Audiencia Nacional.
El propio abogado reconoció a EL CORREO haber sido contratado en los últimos días -rehuyó concretar quién había contactado con él- y apostó por una «rápida solución» del caso. En su opinión, los dos piratas que permanecen encarcelados podrían regresar a Somalia «en menos de un mes» sin que haya que «saltarse la legislación» española.
Díaz Aparicio avanzó cuál será su estrategia en los próximos días. En primer lugar, pretende mantener el martes -el lunes se celebra la festividad de La Almudena en la capital de España- una reunión con el fiscal del caso para conocer «al detalle» los cargos que se le imputan a 'Willy'. A continuación y en colaboración con el abogado del otro pirata detenido, ofrecerá un trato al Ministerio Público: aceptar todos los cargos a cambio de que a los dos somalíes se les expulse de España y se les prohíba regresar por un número determinado de años. «Es una fórmula que se aplica muy habitualmente. En el 90% de los casos en que se condena a un extranjero se ordena su expulsión y no cumple aquí la pena».
Según explicó el abogado, la legislación española «permite» esta fórmula cuando «el triple de la mayor de las penas impuestas no excede de los seis años». La medida, a su juicio, favorecería la resolución del cautiverio. «Los captores piden el retorno de los dos detenidos a su país. Yo ofrezco una salida legal. Estoy para tender puentes y evitar el juicio».
Díaz Aparicio considera que la celebración de la vista oral «no es buena» para nadie. Asegura que alegará «detención ilegal» y que pondrá en tela de juicio el envío a España de unos arrestados sobre los cuales no pesaba «ninguna orden de extradición». En todo caso, niega que su cliente pueda ser enviado a Kenia como solución intermedia, ya que los únicos países en los que se puede juzgar a estos dos piratas son «Somalia, España y Canadá» porque, «al parecer», tropas de este país norteamericano participaron en la detención.
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