El clamor social para enviar a África a los dos piratas encarcelados en España y facilitar así negociación con los captores del 'Alakrana' no ha tenido de momento influencia sobre las autoridades gubernamentales y judiciales sobre las que recae la decisión. El Gobierno central afirmó ayer que la situación de los piratas en manos de la justicia española «no es negociable». Magistrados de la Audiencia Nacional, por su parte, vieron «prácticamente imposible» que los jueces puedan ya modificar la situación procesal de los dos detenidos. Los bandidos que mantienen apresado al 'Alakrana' dieron el jueves un ultimátum: si en tres días los dos piratas capturados por España no son liberados, empezarán a matar marineros. Tres de ellos fueron llevados a tierra, aunque anoche fueron devueltos a bordo en un gesto cuya magnitud aún no se puede calibrar.
El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, fue quien arrojó ayer el mayor jarro de agua fría. Modificar la situación de los piratas encarcelados en España, como el mismo jueves reclamó de forma oficial el lehendakari, Patxi López, «no es negociable», aseguró Méndez. «Los detenidos están a disposición de la Justicia española en la medida en que secuestraron un buque de pabellón nacional y esa situación no es negociable», dijo el 'número dos' del Ministerio de Defensa, a pesar de las múltiples peticiones lanzadas ayer al Gobierno y a los jueces para tratar con «flexibilidad» este asunto. Las súplicas llegaron desde los familiares, pero también desde las asociaciones de armadores, de partidos políticos de todo el espectro vasco y desde los propios municipios de donde son originarios los arrantzales. Los delitos de piratería en alta mar, zanjó sin embargo el secretario de Estado, «no deben quedar impunes».
Méndez tampoco eliminó la posibilidad de que se produzca una intervención militar para resolver el secuestro -otro de los miedos de los familiares- porque en este momento «no debemos descartar nada», dijo. Aunque enfatizó que «es la negociación la vía abierta ahora».
Dramatismo y confusión
Con todo, el alto cargo de Defensa aseguró que los militares españoles desplegados en la zona están preparados para actuar si fuera necesario y que si tienen la oportunidad de capturar al resto de piratas «no dude de que lo haremos», señaló.
A su juicio, el objetivo de los piratas con el cautiverio de los arrantzales es «obtener su botín, lograr un interés económico», explicó. Con el ultimátum del jueves, a su juicio, lo que pretenden los secuestradores es «crear dramatismo y confusión. Tenemos que actuar con prudencia y firmeza». Méndez recordó que este mismo clan secuestró a un barco alemán durante cuatro meses y, como en este caso, desembarcó a varios de sus tripulantes a tierra, donde siete de ellos permanecieron «diez días». El dramatismo, dijo Méndez, «forma parte» de la táctica de negociación pirata.
Mientras se agota el tiempo del ultimátum, las miradas se centran con más fuerza en la Audiencia Nacional, sobre cuyos magistrados parece recaer la posibilidad de facilitar la negociación si permiten que los dos piratas apresados en España puedan ser enviados a Somalia, a Kenia o a otro país de la zona para ser juzgados allí. El asunto, según fuentes jurídicas, es «muy complicado» y nada hace indicar de momento que vaya a darse un paso en esta línea.
Según fuentes jurídicas, sólo existen dos vías legales para resolver el caso en el sentido demandado por los familiares y la masa social. Una es la cesión de la jurisdicción a Kenia. La segunda, que la Fiscalía retire los cargos contra 'Abdu Willy' -encarcelado en Alcalá Meco- y su compinche 'Raageesey', que ha recibido el alta médica por el disparo que sufrió y fue internado ayer en Soto del Real. Si la primera es «harto complicada», la segunda no se contempla en absoluto.
Cumplir la ley
La Audiencia Nacional no opinó ayer sobre el resultado de una hipotética iniciativa para ceder la jurisdicción a Kenia. A quienes aseguraron ayer que existen precedentes -la entrega por parte de soldados españoles de 14 piratas capturados en mayo en el marco de la operación europea de seguridad 'Atalanta'-, los magistrados recordaron que en aquella ocasión «no existían víctimas españolas», dado que el barco que pretendían asaltar era de bandera panameña.
El fiscal Jesús Alonso también ha defendido con claridad la competencia de los tribunales españoles precisamente por esta cuestión, por existir víctimas nacionales, lo que a su juicio anula los acuerdos entre los países europeos de la operación 'Atalanta' y las autoridades keniatas.
Magistrados españoles, de otro lado, pidieron que «no se responsabilice» de la crisis a los jueces, que deben hacer cumplir la ley «guste o no guste», dijo Antonio García, el portavoz de la agrupación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura. «No podemos ponernos una venda», zanjó.
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