«Nos parece triste que se quiera recluir al crucifijo a los ámbitos puramente privados. No es justo y es discriminatorio». Así se pronunció ayer el obispo auxiliar de Madrid y portavoz de Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, al valorar la reciente sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la demanda de una mujer italiana. La Cámara de Estrasburgo dictaminó que la presencia del crucifijo en las escuelas públicas supone una violación de la libertad de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones y un atentado contra la libertad religiosa de los alumnos.
Martínez Camino lamentó esta sentencia, «que nos parece poco constructiva para el futuro de Europa». Y es que, reseñó el portavoz de los obispos, el crucifijo es un símbolo del cristianismo pero, al mismo tiempo, «de respeto a la dignidad de la persona humana y de su situación, sea pobre o rico, débil o fuerte, joven o anciano, sea de la raza que sea». «Este simbolismo -agregó- es lo que significa el crucifijo y lo que ha coadyuvado de manera fundamental a la construcción de una sociedad civilizada y a los valores que representa la civilización europea».
El también secretario general de la CEE desgranó que también se trata de un símbolo «de distinción entre la Iglesia y el Estado», porque donde no lo hay «no hay distinción entre el poder civil y el poder religioso». «El crucifijo -dijo- significa respeto a la autonomía del Estado por parte de la Iglesia, y viceversa».
«Si hubiera que erradicar del ámbito público estos símbolos, ¿quién los iba a llenar?», se preguntó. «Es la reflexión que hay que hacer, porque el ser humano no puede existir sin símbolos de sus valores e ideales. Es iluso pensar que el ámbito público tiene que ser un ámbito sin símbolos de valores». «Por tanto -concluyó- ésta es la reflexión que se debe estimular para no caer en soluciones que son peligrosas, sectarias y que implican una concepción poco desarrollada de la libertad religiosa y del protagonismo de la sociedad en la vida pública».
Apoyar a la mujer
En relación con el número de abortos registrado en 2008 en España, el portavoz de los prelados dijo que «ponen de relieve una situación dramática en nuestra sociedad, ya que más de 115.000 niños no han podido nacer porque se les ha violado su derecho a la vida. Es una situación lacerante para un país que es insolidario hasta ese punto con sus propios hijos».
El portavoz de la CEE instó a buscar leyes que apoyen a la mujer y a la maternidad, «para que no haya nadie que pueda sucumbir a la tentación dramática para una madre de caer en esta situación equivocada. «Para eso -prosiguió- necesitamos leyes que no tenemos en España en estos momentos. Estamos a la cola de Europa en ayuda a la maternidad. Se necesitan leyes que apoyen la maternidad y que tutelen el derecho a la vida. Pero con toda claridad y firmeza, dando voz a los que no tienen voz en este caso, que son decenas de miles de niños cuya vida no ha sido interrumpida, sino que ha sido eliminada».
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