El Gobierno cree haber encontrado un resquicio legal para permitir que la Audiencia Nacional dé 'luz verde' a la entrega de los dos piratas encarcelados en España, tal y como reclaman sus compinches para liberar a los tripulantes del 'Alakrana'. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el pasado jueves, abre la posibilidad de extraditar a los criminales que atenten contra ciudadanos o intereses españoles, siempre que el país donde se cometieron los delitos garantice que los acusados van a ser sometidos a un proceso con todas las garantías. En cualquier caso, advierten fuentes gubernamentales y jurídicas, el Ejecutivo sólo puede «dar un instrumento a los jueces» porque la última palabra será siempre de la Audiencia Nacional.
El primer problema para intentar explorar esta vía es que España no tienen tratado de extradición alguno con Somalia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha empezado a abordar este asunto con las autoridades del país africano. La firma de este acuerdo, que debería hacerse contrarreloj, fue uno de los puntos que estudiaron el domingo en Nairobi el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, y el primer ministro del Gobierno de Transición Federal de Somalia, Omar Abdurashid Sharmarke. Las autoridades somalíes se mostraron favorables a suscribir este convenio y a reclamar la extradición -lo que es condición 'sine qua non'-, si bien estiman que harían falta tres o cuatro semanas para cerrar la redacción del texto y que entre en vigor, según fuentes diplomáticas.
Salvado este escollo, la solución pasa por el nuevo texto de Ley Orgánica del Poder Judicial. La reciente modificación permite que España abandone la instrucción de casos como éste si «en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles». En ese caso, «el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos».
El problema, en todo caso, es conseguir que la Justicia de Somalia abra un «proceso real con garantías para los estándares occidentales» que pueda ser aceptado por la Audiencia Nacional y suponga una «investigación y persecución efectiva de los hechos». Además, la justicia española tendría que gozar de capacidad para «supervisar» ese hipotético juicio.
Iniciar el proceso
Para iniciarse el proceso debería ser la Fiscalía la que, una vez aprobado un convenio de extradición, pidiera la inhibición del juez Pedraz -a quien hasta ahora había obligado a hacerse cargo del caso- a favor de la Justicia somalí. El magistrado normalmente dejaría el asunto en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sería toda una marcha atrás. Este órgano confirmó el pasado día 2 la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar a 'Raageesey' y a 'Abdu Willy' en virtud de varias leyes internacionales.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por su parte, confirmó ayer que existen «opciones» legales para salir de este embrollo sin ceder al chantaje de los piratas. «No creo que los jueces se vayan a dejar presionar por ninguna circunstancia. No deben hacerlo, porque tienen que actuar conforme a la legalidad, pero esa legalidad permite muchas opciones», insistió. «Las alternativas son muchas, pero ninguna pasa por ceder a una presión. Eso sería tremendo», apuntó el instructor. «Hay vías legales», señaló para «compatibilizar los principios de la protección de las víctimas y de la persecución del delito».
