C onocíamos hace unos días el proyecto de presupuestos de la Diputación para 2010 y nos quedábamos con dos titulares. El primero decía que, por primera vez en quince años, las cuentas forales se veían seriamente recortadas, en torno al 15%. El segundo indicaba que el 48% del presupuesto se destinaba al Departamento de Acción Social. Fue a continuación, al ver los coloristas gráficos de sectores que tanto nos ayudan llegada la hora de la alta Economía, cuando entendimos mejor la importancia del porcentaje. Entonces vimos claro, por ejemplo, que sumando el dinero destinado a Obras públicas, Hacienda y Cultura sólo llegábamos a completar la mitad de lo asignado a Acción Social.
Ayer fue José María Aburto quien detalló en qué va a emplearse el dinero destinado a su departamento. Acción Social dispondrá en 2010 de 657 millones de euros, un 8% más que el curso pasado. Siguiendo con los porcentajes, el diputado explicó que el 38% de ese dinero, más de 250 millones, se dedicará a la lucha contra la exclusión. A las personas mayores se les reservan 144 millones. 126 irán para las personas con discapacidad. Digamos que ocho de cada diez euros 'sociales' se destinarán a esos tres colectivos.
Dentro del dinero empleado en luchar contra la exclusión, crece considerablemente la partida dedicada a la renta básica. El año pasado este crecimiento se contuvo previendo que habría situaciones de necesidad que se verían resueltas temporalmente con los subsidios de desempleo. Estimando que en 2010 el paro habrá dejado de cobrarse en muchas casas, el dinero foral destinado a la renta básica aumentará en un 16%. La situación encierra una paradoja inevitable: una sociedad más empobrecida tiene que ocuparse de más gente en peligro de caer en la pobreza. Desde que estalló la crisis, el grueso de los partidos políticos ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el gasto social. De seguir la tendencia de los últimos años, ese afán pronto requerirá de la mitad del presupuesto foral. Se trata de un enorme esfuerzo colectivo que debe venir acompañado de un riguroso control en el gasto y de una constante lucha contra el fraude.