El abogado de Abdu Willy pide que se concrete qué bandera tenía el 'Alakrana'

El abogado del joven somalí Abdu Willy, detenido por participar en el secuestro del atunero vasco 'Alakrana', ha presentado un escrito al juez Santiago Pedraz para solicitar que se amplíe el informe sobre el secuestro del pesquero y se concrete en qué aguas se produjo y qué bandera portaba el barco. Según ha explicado a los periodistas el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, su objetivo es que se amplíe el informe elaborado por Defensa sobre las circunstancias del secuestro que ha solicitado hace unos días, e incluya también cómo se produjo el secuestro y la detención de los supuestos piratas Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, pues, a su juicio, hay detalles que deben concretarse.

En su escrito, relata que "ha trascendido que el pabellón enarbolado por el 'Alakrana' era distinto al español, concretamente la bandera del País Vasco". Indica que según establece el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad marítima, los Estados tomarán las medidas necesarias para establecer su jurisdicción cuando el delito sea cometido "contra un buque o a bordo de un buque en el momento en que se enarbole el pabellón de ese Estado".

Ese convenio establece además en su artículo 92 que "los buques navegarán bajo el pabellón de un solo Estado, y salvo en los casos excepcionales previstos de modo expreso en los tratados internacionales o en esta convención, estarán sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado". También añade que "el buque que navegue bajo los pabellones de dos o más Estados, utilizándolos a su conveniencia, no podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer Estado y podrá ser considerado buque sin nacionalidad".

Por ello, pretende que se aclare con qué bandera se identificaba el 'Alakrana' a efectos de jurisdicción universal porque, según ha dicho, si el buque no llevara bandera española no se podría aplicar el principio de territorialidad para asumir la competencia e investigar los hechos. No obstante, el pleno de la sala de lo penal determinó el pasado 2 de noviembre la competencia de la Audiencia Nacional bajo el principio de jurisdicción universal que establece que los delitos cometidos contra españoles en el extranjero deben ser investigados por este tribunal.

36 delitos de detención ilegal

Respecto a la solicitud de ampliación del escrito, el letrado ha manifestado que existe la posibilidad de que el resultado de las cuestiones que quiere que se maticen pueden, incluso, ser desfavorables para los dos detenidos, si bien quiere que se amplíe la prueba. Por otra parte, Díaz Aparicio ha recurrido la decisión adoptada ayer por Pedraz de emplazar al "momento procesal correspondiente" para determinar los hechos objeto de la imputación, una solicitud que hizo el abogado además de reclamar que se retirara la imputación de asociación ilícita.

A su juicio, ni la Abogacía del Estado -que denunció los hechos ante la Audiencia Nacional- ni la Fiscalía ha imputado a los dos supuestos piratas asociación ilícita, sino 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas. Sin embargo, sostiene el letrado, el juez Baltasar Garzón -que sustituía a Pedraz cuando se produjeron los hechos- les acusó de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, sin que ninguna parte le imputara el primero de los delitos.

Además de este escrito ante el juez Pedraz, el abogado ha presentado otro ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que pide entrevistarse con el fiscal adscrito a la causa para hablar de la instrucción del caso y las posiciones de cada parte.