La Policía local descubre 122 casos de fraude en las ayudas sociales en Bilbao

La colaboración de la Policía Municipal de Bilbao para 'pillar' a quienes cobran de manera indebida las ayudas sociales se ha revelado como un éxito. En poco más de seis meses, los tres agentes asignados a esta tarea -la experiencia piloto comenzó con dos efectivos, que muy pronto se quedaron cortos- han investigado 132 expedientes y constatado que en 122 de ellos se estaba cometiendo un fraude. Es decir, el 92% de los casos sospechosos que han llegado a sus manos se han saldado con informes que han dado pie a la retirada de las subvenciones.

Según avanza Manu Zarragoitia, jefe de la Policía local de Bilbao, el positivo balance de este 'experimento' podría traducirse «en la creación de una unidad específica dedicada a la persecución de este tipo de infracciones, ya que, de momento, el grupo que realiza esta labor es un injerto de la Unidad de Investigación de Delitos». «Es un trabajo que requiere dedicación -asegura-. Por eso, otros 16 agentes de la Unidad de Información y Documentación también dan cobertura a este tipo de casos, ya que se encargan de certificados de residencia y convivencia, algo necesario para que se autoricen las pensiones». La revisión minuciosa del padrón también se ha convertido en uno de sus mejores 'chivatos'.

El concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, se muestra más que satisfecho de esta reciente 'alianza' con la guardia urbana: «122 casos de fraude detectados desde mayo es una cifra muy importante. La iniciativa de implicar a la Policía fue a petición nuestra, porque veíamos que con nuestros medios ya no llegábamos a más. A veces, nuestra gente ni siquiera tenía autoridad para hacer o decir ciertas cosas, pero la Policía sí». En este sentido, según recuerda el propio edil, en alguna ocasión él mismo lanzó «un globo sonda», diciendo que quizá convendría contratar vigilantes jurados para hacer esta labor. Sin embargo, este tipo de personal tiene muchas limitaciones. «Únicamente pueden dedicarse a recoger pruebas, porque, debido a las leyes de protección de datos, no se les permite acceder a información personal de los perceptores de ayudas», aclara.

Indicios sospechosos

De ahí la idea de trabajar mano a mano con la Policía local para perseguir el fraude con mayor ahínco y complementar el trabajo de las Unidades Técnicas de Inserción, donde los trabajadores municipales también se dedican a detectar casos sospechosos. De hecho, en el primer semestre del año, se ha recomendado a la Diputación la suspensión de más de 1.200 ayudas de las casi 15.000 rentas básicas que se perciben en Bilbao. A veces, una joya demasiado ostentosa, una tarjeta Visa, la denuncia de algún ciudadano o la resistencia a dejar de vivir de las arcas públicas les pone sobre la pista. Los casos más flagrantes se pasan al Negociado de Control e Inspección -depen- diente de Acción Social-, cuya ampliación también se está barajando debido al gran volumen de expedientes sobre posibles fraudes «escandalosos», unos 380 sólo este año. «En algunos puntos nos 'atascamos'», admite Barkala, quien insiste en su afán de «limpiar la imagen de las ayudas sociales. Es mi obsesión. Por eso hemos 'fichado' a los policías, para que cada vez sea más difícil engañarnos. A veces vemos que nos la están metiendo casi fijo y no les pillamos».

La cooperación entre la guardia urbana y Acción Social se ha saldado ya con un surtido muestrario de casos, que llega a sorprender a los expertos en la materia, según coinciden en afirmar Zarragoitia y Barkala. Al parecer, la imaginación de los infractores es cada vez más fértil. Algunos se las habían apañado con mil triquiñuelas para irse a vivir a países tan lejanos como Colombia y seguir cobrando la subvención. También se han descubierto pisos 'patera' con hasta 20 personas empadronadas, pero en los que no vivía nadie. Y muchos de sus supuestos moradores cobraban la renta social.

Otro de los casos más recurrentes que se presentan a los agentes es el de parejas que viven juntas aunque dicen estar separadas, incluso con demanda judicial de por medio y empadronados en distintos domicilios. Así se llevan dos ayudas. En estos casos, los vecinos también aportan información para sacar el fraude a la luz. En qué escalera no hay alguna 'portera' que esté al tanto de las situaciones conyugales y se muestre encantada de airearlas...

La economía sumergida también está detrás de un buen número de expedientes. Los efectivos de la guardia urbana han destapado a numerosos perceptores de renta básica que tenían trabajos o que percibían sustanciosos ingresos por realquilar habitaciones. Pero, para 'pillada' ostentosa -los policías no daban crédito-, la de una señora que se embolsaba la subvención pero cuya situación económica era tan holgada que le permitía tener un bar alquilado y apoquinar sin ningún problema 15.000 euros de fianza.