El PNV cuestiona privatizaciones gestadas en la etapa de Ibarretxe

El jeltzale Mikel Martínez ha tramitado una pregunta en el Parlamento vasco en la que pide explicaciones al consejero de Interior por la «privatización de la tramitación de las multas de tráfico». En el escrito, Martínez se interesa por «las razones que han llevado al departamento a tomar esta decisión». Además, asegura que «es la primera vez que se privatiza esta tarea», cuyo coste será de 2,2 millones de euros hasta 2012, y cuestiona si este procedimiento «respeta los compromisos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos en materia de subcontratación o si, por el contrario, los vulnera». El diputado nacionalista también interroga sobre «qué labores y tareas se van a asignar a la empresa contratada».

Para sorpresa de los peneuvistas, según reconocieron fuentes del partido, la respuesta se encuentra en el pliego de cláusulas particulares, publicado en enero de 2009 por el departamento entonces dirigido por Javier Balza: «Grabación de los expedientes sancionadores de tráfico generados por los boletines de denuncia, revisión de imágenes captadas por medios automáticos para identificar la matrícula del vehículo, contrastar la imagen y los datos del vehículo en el Registro de Vehículos e identificación del titular del mismo».

La pregunta de Martínez surge a raiz de la publicación en el BOPV del pasado martes de la adjudicación del «expediente relativo al soporte de la tramitación de expedientes de denuncia de las oficinas territoriales de tráfico (E-089/2009)». Esta publicación es el último paso de un proceso que el Ejecutivo Ibarretxe inició hace un año. Es decir, antes de las elecciones del 1 de marzo que propiciaron el cambio en Lakua. La licitación de este contrato fue publicada en el BOPV el 23 de marzo y está firmada por Javier Balza. Ya antes, el 11 de marzo, se le había dado publicidad en el BOE.

De hecho, la cuestión no es tan novedosa porque ni mucho menos es «la primera vez que se privatiza esta tarea», como asegura Martínez. En el BOPV del 15 de junio de 2006 ya se anuncia la adjudicación de un contrato similar (expediente C02/067/2005).

Fuentes nacionalistas se mostraron sorprendidas por los antecedentes del asunto y justificaron este exceso de celo en la labor opositora en la necesidad de «controlar al Gobierno».