El 18 de diciembre de 2005 algo cambió en América Latina: por primera vez (desde Benito Juárez, a mediados del siglo XIX) un indígena -Evo Morales- era elegido presidente de un país -Bolivia-. Aymara, líder cocalero y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Evo Morales ganó las elecciones con un programa político que despierta la esperanza de los más desfavorecidos y los temores de las elites, de los sectores asociados al liberalismo económico y de EE UU.

Las intenciones de Morales son acabar con el neoliberalismo, luchar por la unión latinoamericana, dar el poder al pueblo y terminar con el sometimiento a EE UU. Para ello ha prometido nacionalizar los hidrocarburos, convocar la Asamblea Constituyente, luchar contra el narcotráfico sin erradicar los cultivos de coca y recoger las demandas de los pueblos indígenas. Su lema: 'Crear un Estado Nacional digno, comunitario y productivo'.

La elección de Morales no ha sido una sorpresa. En 2002 quedó en segundo lugar (20,97% de los votos) por detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada (22,40%). En estas últimas elecciones ha vencido con el 53,74% de los votos, situándose muy por encima de su máximo rival, el conservador Jorge Tuto Quiroga (28,60%) y candidato de 'Podemos'. Detrás de este resultado está la realidad de una población cada vez más empobrecida -el 62,7% es pobre (Informe de Desarrollo Humano 2004, PNUD)- a pesar de vivir en un país rico en recursos naturales -el 49% de su territorio contiene hidrocarburos (gas y petróleo)-; cansada de la inestabilidad política, económica y social -que se manifiesta en la discontinuidad de los dirigentes y en las continuas protestas sociales- y de la corrupción de una clase política que carece de la representatividad y credibilidad necesarias para mantener el orden y la estabilidad.

Lo inédito es que un indígena, miembro de un sector de la población históricamente excluido y marginado, haya sido elegido por una mayoría como representante del país. Este acontecimiento tiene que ver con hechos que traspasan las fronteras bolivianas y que dibujan las tendencias en auge en América Latina.

En el ámbito político, países como Bolivia, Ecuador o Perú han acudido de forma recurrente a las reformas institucionales y constitucionales para resolver las crisis. Estas medidas, además de resultar ineficaces, han restado credibilidad a las instituciones y al sistema democrático, generando crisis de gobernabilidad. Entre las causas de la baja calidad democrática están: la concentración del poder, la impunidad frente a la corrupción e instituciones débiles incapaces de dar respuesta a la ciudadanía. Algunos se plantean si el problema es de gobernanza o de gobernabilidad. El discurso de la gobernabilidad ha supuesto, a menudo, una cortina de humo para los auténticos problemas. Realmente no se ha cuestionado la calidad de principios democráticos como la representación y la participación. Los partidos políticos tampoco han sabido representar ni canalizar las demandas de los ciudadanos. Esta situación ha provocado la emergencia y formación de movimientos sociales organizados que interpelan directamente a los gobiernos y exigen y proponen cambios profundos, entre los que destaca el movimiento indígena.

Los pueblos indígenas han logrado salir de la invisibilidad y presentarse ante el resto de la sociedad con un proyecto político propio. La propuesta étnica implica romper con la idea del Estado nación y propone la conformación de un Estado plurinacional. Los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de instancias internacionales como la ONU han favorecido el reconocimiento de la pluriculturalidad en las constituciones. Aunque formalmente inclusivas, las democracias latinoamericanas resultan en la práctica exclusivas respecto a los pueblos indígenas: no aseguran sus derechos básicos (educación, salud ), impiden que ejerzan sus derechos políticos y se forman en la explotación económica. Los indígenas reclaman participación a nivel político (en el ámbito local y nacional) y económico. Piden una integración que sea diferenciada pero no subordinada. La llegada al poder de Evo Morales, felicitada por indígenas de toda América Latina, es el resultado de años de lucha y de la transformación del diálogo entre el Estado y la sociedad.

A nivel económico, el empobrecimiento de muchos en contraste con el enriquecimiento de unos pocos ha provocado un fuerte rechazo a la globalización económica a nivel mundial. La igualdad de los ciudadanos en términos económicos ha sido desplazada por el mercado con la misma intensidad con la que ha sido reivindicada por las sociedades. En América Latina son numerosas las manifestaciones en contra de proyectos como el ALCA, percibido como una amenaza a las soberanías nacionales y fruto del plan de dominación estadounidense. Las mayorías, perjudicadas por la privatización de los servicios públicos, por el empoderamiento de las multinacionales y por el debilitamiento de la base productiva nacional, se unen desde la diversidad para reivindicar a los gobiernos cambios, igualdad y justicia.

Los planes de integración suramericana siguen una tendencia ascendente. Iniciativas como Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones implican la cooperación entre países vecinos y se desmarcan de la dialéctica de 'amigos y enemigos' del gigante estadounidense. El escenario en el que se desarrollan estos proyectos es el de gobiernos progresistas de izquierda -Lula (Brasil), Kirchner (Argentina), Lagos (Chile) o Vázquez (Uruguay)-, conscientes de la necesidad de protegerse frente a las negociaciones con EE UU e instituciones internacionales y de definir políticas comunes ante organismos multilaterales. Otras iniciativas como la Alternativa Bolivariana para América (ALBA) -apoyada sobre valores anticapitalistas, acorde al pensamiento de Simón Bolívar, planteada como una construcción popular y fuertemente opuesta al imperialismo estadounidense- se nutren del radicalismo de Chávez y Castro y cada vez tienen más arraigo en determinados sectores de la sociedad. Respecto a los planes de integración, el nuevo presidente de Bolivia alude a 'la patria grande' soñada por Bolívar y a la reconstrucción del Tahuantinsuyo (antigua confederación de estados pertenecientes al imperio inca).

«Se abre el camino de la esperanza», «el pueblo al poder», «el cambio de la historia», «viento refrescante para los pueblos originarios», son expresiones que acompañan al triunfo de Evo Morales procedentes de toda Latinoamérica. La mayoría que ahora es representada en Bolivia (el 60% de la población es indígena), que rompe con el carácter minoritario de anteriores gobiernos, da cuenta de la diversidad que define a las sociedades latinoamericanas y promete combatir la homogeneidad, antes pretendida con el 'principio del mestizaje' y ahora trasladada a la estandarización de medidas políticas y económicas procedentes de fuera que no han funcionado.

Hacer frente al neoliberalismo económico al mismo tiempo que se depende de él es uno de los principales desafíos para Morales. Otro es la creación de formas de representación popular más efectivas y la construcción de espacios de participación. Del reconocimiento y la redistribución dependerá la cohesión social, necesaria para el desarrollo económico y social. A mayor integración (participación), mayor identidad nacional y mayor lealtad al Estado. No se trata de adoptar medidas parciales, sino la creación de un entramado verdaderamente democrático presidido por el pluralismo y la justicia. Bolivia y los bolivianos, y quizá el resto de latinoamericanos, están más cerca del cambio demandado.