Los mercados laborales acaban de dar buenas y malas noticias. En el lado positivo, el número de desempleados descendió en 9.778 en 2005, lo que deja la cifra total de parados en poco más de 2,1 millones, y las inscripciones en la Seguridad Social aumentaron en cerca de un millón. En el negativo, diciembre fue el tercer mes consecutivo en el que crecieron los datos del paro. A pesar de la mejora en el sector servicios, no se pudo frenar la caída del empleo en la industria y la construcción, por lo que el pasado mes acabó con casi 7.357 parados más, después de incrementos de 42.000 en noviembre y 40.000 en octubre.

Que 90.000 desempleados se hayan incorporado a las estadísticas en tres meses no puede sino preocupar al Gabinete de Zapatero. Pero una reflexión pausada sobre los resultados del mercado laboral no debe conducirnos a una especial alarma, por lo menos de momento. Las tendencias a largo plazo, las que verdaderamente importan, son relativamente buenas. La economía española está encarrilada en una larga trayectoria que podría tildarse de sólida; en dos décadas, desde mediados de los ochenta, la participación laboral ha pasado de un 30% a un 46% de la población total, lo que por mucho crecimiento demográfico que haya habido representa un cambio revolucionario de actitudes entre los españoles, y principalmente entre las mujeres. Lo importante es que esa tendencia continúe con independencia del color político del Gobierno; se trata de ir facilitando poco a poco el cambio, y de fijarse más en las reformas flexibilizadoras y duraderas que en las variaciones a corto plazo de las series. En este punto, no resulta de gran ayuda la inacción del Ejecutivo socialista y su empeño en el consenso ante la reforma laboral empantanada; tampoco facilita las cosas el énfasis en el Salario Mínimo Interprofesional y la querencia política por presumir de generosidad con su elevación. Lo mismo ocurre con las subidas salariales que se proponen en muchos sectores vinculadas a los cambios del IPC -en vez de a los cambios en la productividad- y que pueden poner en marcha espirales inflacionistas destructoras de empleo.

La tarea del Ejecutivo no es fácil: debe mantener el campo de juego libre de obstáculos; definir reglas claras, neutrales e iguales para todos; contratar buenos árbitros y, lo más complicado, dejar actuar a los protagonistas sin intervenir. Pero no hay otra manera de que el capital macroeconómico alcanzado en la última década pueda conservarse.