La Policía descubrió durante el año pasado fraudes a la Seguridad Social por valor de 42 millones de euros, de los que recuperó algo más de la mitad. Las 650 investigaciones abiertas se saldaron con 322 detenidos, de los que 135 eran extranjeros y 124 fueron puestos a disposición judicial. El Ministerio de Trabajo explicó ayer que 320 empresas y 1.745 ciudadanos han sido investigados como consecuencia de las irregularidades detectadas por las distintas entidades del sistema público de protección.

El departamento que dirige Jesús Caldera hizo públicos los resultados anuales de la sección de investigación de la Seguridad Social. La mayor parte de las actuaciones de los agentes adscritos a este área respondieron a insolvencias punibles y a la falsificación de los documentos de cotización. También ha habido una cantidad mayor que en ejercicios anteriores de extranjeros que falsificaron sus permisos de trabajo y sus documentos de estado civil, como consecuencia del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes realizado en 2005.

Trabajo reconoció que es difícil estimar la cuantía de los fraudes que se producen y el importe de los que se han evitado. Las investigaciones más sonadas provocaron, a su juicio, un gran impacto en las provincias donde tuvieron lugar. Así, afirmó, otras empresas que se encontraban en situación irregular normalizaron «inmediatamente» sus pagos por temor a ser descubiertas.

Casos más relevantes

Entre los casos más importantes, la Policía destacó la detención de cuatro empresarios en Murcia que defraudaron 4 millones de euros. Eludían el pago de sus deudas con la Seguridad Social cambiando la denominación de sus negocios y trasvasando a sus empleados de una de sus compañías a otra.

En Puerto del Rosario (Las Palmas), un recaudador público privó a las arcas del sistema de 2 millones de euros al lograr mediante la falsificación de documentos que los deudores realizaran los pagos en una cuenta a su nombre.

Un gestor administrativo malagueño se embolsó 8 millones de euros gracias a engaños en la venta de inmuebles. Los estafados creían comprar unas viviendas embargadas a morosos de la Seguridad Social que nunca recibieron.