Iberdrola comunicó ayer su propósito de vender la participación del 4% que posee en la petrolera portuguesa Galp. El responsable de la eléctrica española en Portugal, Pina Moura, explicó también que, en el marco de su nueva estrategia, la compañía ha decidido, por voluntad propia, quedarse fuera del futuro Consejo Superior de EDP -el órgano donde estarán representados los accionistas de referencia de la sociedad-, pese a ser propietaria del 5,7 % del capital. No obstante, Iberdrola vende sus acciones de Galp para concentrarse en EDP.

Pina Moura aclaró que Iberdrola Portugal «está dispuesta para, en colaboración con el nuevo Consejo de Administración, desarrollar sus mejores esfuerzos para identificar proyectos mutuamente ventajosos», capaces de crear mejoras tanto para EDP como para el grupo eléctrico español.

En el nuevo modelo de gestión de la compañía existirá, junto al Consejo Superior en el que estarán representados los accionistas de referencia, un Consejo de Administración con funciones ejecutivas. En el Consejo Superior, no ejecutivo, tienen cabida todos aquellos accionistas que superan el 2 % de capital.

El nuevo modelo de gestión de la eléctrica portuguesa EDP suscitó una enorme polémica en el mundo económico luso en los últimos días como consecuencia de la posible entrada de Iberdrola en el Consejo Superior de la compañía, un debate que, tras las declaraciones de Pina Moura, queda desactivado.

La entidad española es vista como competencia directa para EDP y de ahí el recelo que ha despertado en muchos portugueses, que consideraban que se podía perder el control nacional sobre la compañía lusa.

El presidente de la República portuguesa Jorge Sampaio, pidió hace tres días un análisis de la situación después de que el presidente ejecutivo de EDP, João Talone, anunciase su salida de la entidad, entre otras cosas, por su oposición a la entrada de Iberdrola en los órganos sociales.

Para sustituirlo, ha sido designado el ex presidente de Galp y ex ministro de Obras Públicas, António Mexia, a propuesta del del Gobierno y los principales accionistas.