El presidente del Congreso, Manuel Marín, está decidido a dar la máxima transparencia a las cuentas de la Cámara baja, hasta ahora ocultas para los ciudadanos, y ha empezado por hacer público su sueldo, 150.000 euros brutos al año. A finales de enero, colgará los datos en la web de la Cámara, y ya ha anunciado a los miembros de la Mesa del Congreso que a la información sobre sus ingresos seguirán las correspondientes a las asignaciones de los diputados y las dotaciones para los grupos parlamentarios.

En los Presupuestos del Estado, la partida correspondiente a las Cortes recoge su dotación global, pero sólo aparecen especificados los capítulos de gastos de personal, corrientes y financieros, así como las inversiones, sin que figuren las cantidades que se destinan a parlamentarios y grupos. En las Cuentas de 2006 se han consignado 197,91 millones de euros para los gastos del Parlamento, el 9,9% más que el año anterior.

Marín cree que los ciudadanos tienen derecho a saber, con detalle, a qué dedican este dinero las Cámaras, por lo que ha diseñado un plan para hacer públicas sus cuentas y que se conozcan los ingresos de los parlamentarios. Con 150.000 euros brutos al año, el presidente de las Cortes es un asalariado privilegiado en comparación con los diputados y senadores. Marín heredó de sus predecesores un sueldo que sólo igualan el presidente catalán y el del Tribunal Supremo, y que supera al del jefe del Gobierno.

Entre los peor pagados

Los diputados españoles están entre los políticos europeos con menos sueldo y se sitúan más cerca de los 700 a 800 euros que perciben húngaros y polacos que de los 12.000 a 14.000 que cobran italianos y alemanes. También existe discriminación en relación con lo que perciben los europarlamentarios. Un eurodiputado ingresa unos 7.000 euros brutos al mes, está sujeto a la fiscalidad europea y no tiene derecho a cobrar dietas.

El presidente y el órgano de dirección de la Cámara baja buscan mecanismos que completen el sueldo de los diputados y les permitan asumir con desahogo los gastos que conlleva su labor sin abordar un incremento salarial. Todo ello, porque ningún grupo mayoritario está dispuesto a asumir el coste político que supondrá una subida de sueldos de los parlamentarios. Lo intentó Federico Trillo en la primera legislatura del PP, pero José María Aznar dio al traste con sus pretensiones. Su sucesora, Luisa Fernanda Rudí, ni siquiera se lo planteó, y Marín está a expensas de lo que decidan PSOE y PP.

Entre los planes del presidente del Congreso está divulgar también estas aportaciones. Se da la circunstancia de que las cantidades que la Cámara asigna a los grupos para sus gastos de gestión -secretarías, asesores o prensa, entre otros- dan como resultado una desigualdad manifiesta entre partidos. Así, el PP, el PSOE e IU reciben una cantidad similar; mientras, los grupos minoritarios disfrutan de una situación más confortable.