El Gobierno ha actuado con prontitud y buen sentido en el caso del teniente general Mena Aguado, tras las inaceptables expresiones de éste en la celebración de la Pascua Militar en Sevilla. En 24 horas, el incidente ha quedado zanjado con el mayor rigor -nunca en democracia había sido arrestado un teniente general-, después de que la destitución fulminante, que será cumplimentada en el próximo Consejo de Ministros, fuese propuesta de inmediato por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, lo que ha demostrado la existencia de mecanismos internos de control en el propio Ejército. La sanción le ha sido impuesta al 'número dos' del Ejército de Tierra por la flagrante violación del «deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas», precepto definido en ley orgánica de 1998. Con toda evidencia, la extemporánea invocación del artículo 8 de la Constitución por un mando militar en activo ya no ha tenido esta vez las resonancias amenazantes de épocas pasadas, pero no por ello la veleidad política del general resultaba menos inadmisible.

El incidente, cerrado de la manera más adecuada, ha introducido una innecesaria tensión en un clima político ya alterado en los últimos meses por el debate territorial. El artículo 8 de la Constitución tristemente mencionado por Mena Aguado en relación con el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña no recoge -como a veces se quiere hacer creer desde interpretaciones interesadas- ningún régimen excepcional y resulta perfectamente homologable en la legislación de los países democráticos de nuestro entorno. La Constitución consagra la supremacía del poder civil, por lo que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas sólo puede venir determinada por el Gobierno y el Parlamento. Y el mismo texto constitucional configura un Estado autonómico y recoge el derecho a modificar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los estatutos de autonomía.

Unas declaraciones como las que han sido objeto de sanción no deben desviar la atención del mensaje que, en el acto central de la celebración de la Pascua Militar, lanzó el jefe del Estado. El Rey apeló a la recuperación del consenso de 1978 que permitió alumbrar la Constitución, así como al retorno de los hábitos del diálogo para que el capital de convivencia conseguido hasta el momento no pueda dilapidarse. La Corona, que siempre ha desarrollado con prudencia y decisión las funciones de arbitraje y moderación institucional que la Carta Magna le encomienda, está ejerciendo una labor pedagógica que nada tiene de retórica.