La mayoría de los abogados que ejercen la defensa de los 56 acusados en el macrojuicio contra el entorno de ETA que se celebra en la Audiencia Nacional han amenazado hoy con no asistir al juicio, que se reanudará el próximo lunes, después de que el tribunal haya decidido dar una semana a las partes para que se instruyan de las diligencias número 75/89, incorporadas recientemente a la causa y que según las defensas fueron el germen del sumario que se está juzgando, el 18/98.

La letrada Arantxa Zulueta, defensora del principal imputado en este juicio, Xabier Alegría, anunció que el próximo lunes no van a comparecer, a lo que el magistrado del tribunal Nicolás Poveda respondió: "Es su problema".

Toda la polémica comenzó cuando la abogada, en representación de la mayoría de los defensores en este juicio, pidió primero la suspensión de la vista y, más tarde, tras la negativa del tribunal, amenazó con ausentarse de la misma si no disponía del tiempo suficiente para estudiar las diligencias 75/89, necesarias para interrogar a su cliente.

La presidenta de la Sala, Ángela Murillo, leyó un acuerdo del tribunal por el que se suspendía el juicio hasta el próximo lunes con el fin de que todas las partes puedan examinar la citada documentación (compuesta por 104 cajas) durante esta semana en horario de mañana y tarde. Además, advirtió a los abogados de que cuando pidan documentos de estas diligencias deben comunicar si tienen una relación expresa con el sumario 18/98, que es el que se está juzgando.

Ya en los pasillos del pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid, Zulueta aclaró a los periodistas que la asistencia el lunes dependerá de lo que hablen con el presidente del Consejo vasco de la Abogacía, Nazario de Oleaga, aunque insistió en que las partes deben tener una copia de las citadas diligencias, compuestas por "cientos de miles de folios", para poder interrogar a los acusados.

Alegría se niega a declarar

La reanudación del macrojuicio contra el entorno de ETA debía comenzar con la comparecencia del principal acusado en el proceso, Xabier Alegría, para quien se pide 51 años de cárcel prisión por delitos de integración en ETA, falsa contabilidad, insolvencia punible, y otros contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Pero éste se ha negado a prestar declaración tras afirmar que en la Audiencia Nacional "se avala la tortura".

El interrogatorio a Alegría por su abogada, Arantxa Zulueta, tampoco se llegó a producir ya que esta letrada consideró que el tribunal vulneró el derecho de defensa del acusado, ya que no se encontró un documento sobre investigaciones policiales realizadas sobre él y que pretendía utilizar para formular sus preguntas.

Posteriormente, el juicio fue suspendido durante algo más de una hora para buscar un documento policial solicitado por la abogada del acusado con fecha de 17 de noviembre de 1995. El citado documento policial contenía, según la letrada Arantxa Zulueta, un historial de actividades delictivas de Xabier Alegría. Tras reanudarse la vista, la abogada no se mostró conforme con el documento que encontró el secretario de la Sala ya que, según dijo, no se correspondía con el dossier que había solicitado para interrogar a su cliente.

A partir de ese momento, comenzó una discusión entre la abogada y la presidenta de la Sala acerca de si el informe hallado era el que había solicitado la primera. "Esto es lo que hay. Si quiere interrogar, interrogue, y si no quiere no lo haga", dijo Ángela Murillo. Zulueta contestó afirmando que se encontraba en una situación en la que se le impide "ejercitar la defensa" de su cliente, por entender que está vulnerando el derecho a un "juicio justo y con todas las garantías".

"Deontología profesional"

Por ello, pidió un receso para hablar con el Colegio de Abogados de Vizcaya -al que pertenece la letrada- con el fin de comprobar si el decano de este organismo, Nazario de Oleaga Páramo, le amparaba en lo que ella consideró una vulneración del Derecho de defensa. Según indicó posteriormente, Oleaga, presidente asimismo del Consejo General de la Abogacía del País Vasco, la amparó porque "en esas condiciones" no puede "ejercitar el Derecho de defensa". Según Zulueta, el decano remitió un fax solicitando una entrevista con Murillo y con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar.

No obstante, Murillo instó a la abogada a que continuara con el interrogatorio -que nunca llegó a comenzar-, pero Arantxa Zulueta se negó en repetidas ocasiones porque su "deontología profesional" le impedía efectuarlo. Ante esta situación, la presidenta del tribunal decidió suspender la vista.

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