Hans Horchem, mi señor Zapatero, es un ciudadano alemán que el Gobierno vasco contrató como experto hace veinte años para elaborar un informe sobre la violencia. Durante su estancia en Euskadi, nuestras particularidades lo llevaban a expresar su perplejidad alemana con la observación de que aquí las líneas que delimitan el terreno de juego son flácidas.

El secretario de organización de su partido, Pepe Blanco, ha descubierto el discreto encanto de la flacidez, el irresistible atractivo de lo fofo. Ha dicho que, si de dan las condiciones, «la ley será interpretada y aplicada en función del interés general, que más allá de todo tipo de declaración, es que se acabe de una vez por todas con el terrorismo (...) En todo caso, (las propuestas que se hagan) siempre serán dentro de la ley». Normal. ¿Quién necesita cambiar la definición del penalti si podemos ampliar o reducir el área a nuestra conveniencia? Lo ilegal puede ser legal si desplazamos un poco la frontera. Basta con magrear adecuadamente las palabras.

Pepe Blanco comete el mismo error que el teniente general Mena, aunque a él no le vayan a arrestar. El general parece desconocer que el Ejército no es quien para juzgar la pertinencia de aplicar el artículo 8º de la Constitución. Eso sería competencia del Consejo de Ministros, con conocimiento o autorización (según los casos) del Congreso de los Diputados (C.E. art. 116). Análogamente, no es al Gobierno ni al partido de Pepe Blanco a quien compete interpretar las leyes, sino a los tribunales de justicia.

Pero ya lo han hecho. Rodolfo Ares ha interpretado creativamente al Tribunal Supremo, al decir que está en manos de Batasuna presentarse a las elecciones de 2007. La sentencia del alto Tribunal no permite tanta flexibilidad: en cinco epígrafes contundentes ordena su ilegalización, disolución, borrado de su inscripción en el Registro de Partidos, prohibición de sus actividades y liquidación patrimonial de sus bienes. El Tribunal Constitucional se hacía eco de la sentencia al negar un recurso de Batasuna con argumento inapelable: el fallo del T. S. certificó la «muerte civil» del partido radical y los difuntos no recurren.

Sin embargo, tenemos leyes de aplicar a rajatabla, como la Ley Antitabaco y leyes que escribimos con caligrafía pulcra en la barra de hielo o en la arena de la playa a la hora de la bajamar, como la Ley de Partidos o las sentencias del Tribunal Supremo. ¿Para cuándo un homenaje socialista a Juan Mari Atutxa, ese precursor? A César lo que es del César, presidente.

«Principios pocos, pero flexibles», escribió con admirable capacidad de síntesis Chelu Aguinaga en 'El becario del CESID'. O, si prefiere la versión de Groucho Marx de la misma idea: «Estos son mis principios. Si no le gustan, no importa, tengo otros». De entrada, Arnaldo le va a exigir los otros, ya verá.