Qué días estos en los que la solidaridad se organiza por decreto! Parafraseando una broma que se hacía sobre Cuba y la libertad, aquí somos solidarios y al que no quiera ser solidario, le obligaremos a serlo. Que para eso está el Estado social, para garantizar la redistribución de las riquezas y las condiciones básicas de existencia entre todos los ciudadanos. Y en esto llegaron Maragall, Carod y Zapatero para romper lo que se ha dado en llamar solidaridad interregional, que es algo así como propiciar que las comunidades económicamente más prósperas ayuden a mantener un equilibrio presupuestario para el conjunto del país. Un intento que, desde el punto de vista de la justicia social, se me antoja muy loable. A fin de cuentas, los 'poderosos' no amasaron las fortunas a costa de su único esfuerzo, sino que siempre cuentan con los de sectores 'menos favorecidos' de la sociedad en cuestión. Es una máxima del capitalismo que para que se den los ricos tiene que haber pobres. Lo mismo pasa en el terreno de la solidaridad interregional, pues catalanes y vascos no habrían llegado a ser prósperos si no es por la aportación humana de regiones menos agraciadas industrialmente: Extremadura, Andalucía, Castilla. Y eso es algo que conviene que nunca olvidemos, ni tan siquiera cuando se refiere a los actuales inmigrantes llamados a salvar las pensiones del futuro.

Sin embargo, y mirado desde otra perspectiva, bajo qué criterio ético, político y económico podemos pretender que las comunidades consideradas más favorecidas tengan que hacer un ejercicio de solidaridad que, a la postre, el propio Estado ha abandonado tiempo atrás, en beneficio del mal llamado libre mercado, la competitividad y el crecimiento (macro) económico. Y me refiero a la política fiscal propia de los países con el tipo de economía citada. ¿Qué partido se atreve a reivindicar una subida de impuestos, acorde a la solidaridad inter-ciudadana, que garantice que los que más tienen sigan pagando más que los que menos! Claro que lo van a hacer en Alemania, pero gracias al gran pacto entre los dos principales partidos , lo que hace que no se vuelva en contra de uno de ellos en beneficio del otro.

Desde hace unos años, la política fiscal de todos los partidos con aspiraciones o con responsabilidades de gobierno es reducir los impuestos y, en contraprestación, cargar lo que se conoce como impuestos indirectos, cuya existencia niegan los técnicos al servicio del poder (sobre criterios semánticos). La lógica consecuencia de esta política es clara y conocida: los que más tienen pagan menos que los que menos tienen. Pagar menos impuestos (directos) es propiciar la desinversión del Estado, implica cargar sobre el consumo y no sobre los beneficios o rentas, es fomentar los impuestos equidistantes: todo el mundo paga la misma cantidad, al margen de la riqueza del contribuyente, lo que afecta a todos aquellos que viven de unos ingresos limitados. Una lógica que se encuentra lejos de la solidaridad, de la redistribución y de la justicia social.

Y encima dicen que lo hacen por el bien de todos: al haber mayor cantidad de dinero disponible, las economías familiares tienen más capacidad de consumo y, por lo tanto, más libertad para decidir qué hacer con su dinero. En poco tiempo se ha visto lo que las economías familiares hacen con su dinero: endeudarse. Ahora, el Estado tiembla al ver que la situación no se sostiene, que la burbuja -no sólo inmobiliaria- puede reventar, que el consumo interno no es suficiente para mantener 'ad infinitum' esta situación de felicidad compulsiva. Pero los grandes ya han sacado su tajada: una vez todos hipotecados, ya estamos en disposición de subir los tipos de interés, por lo que ya no será tan fácil pagar coches, vacaciones o regalos de Navidad a costa de las ampliaciones del crédito hipotecario. Entonces volverán (si es que alguna vez se fueron) las oscuras golondrinas. Moderación salarial, reducción o reestructuración de plantillas, precios más caros

Y para entonces el Estado ya no estará en disposición de atendernos, pues el trasvase al sector privado cada vez está más consumado. Reducir los impuestos es pretender que el sector privado se va a hacer cargo de los menos afortunados (casi todo el mundo): «Lo que es bueno para la General Motors es bueno para América», decía el presidente de EE UU. Llegó el 'crack' del 29 y se vio que las cosas no eran necesariamente así. Un buen ejemplo en nuestro país es el de la sanidad, donde las comunidades autónomas se ven incapaces de hacer frente a la deuda, mientras el sector privado crece imparable. ¿Alguien piensa que una clínica privada le va a solucionar su problema de salud cuando no la pueda pagar? Mientras tanto, la estamos pagando todos con nuestros impuestos, vía concertaciones.

Ni qué decir tiene que, extrapolando al terreno de lo interregional, la situación no tendría por qué ser diferente. Si el Estado ha apostado por el 'búsquese usted la vida', por la fiscalidad sobre el consumo y no sobre las rentas, entonces, por qué Cataluña habría de ser diferente, por qué habríamos de pedir a Cataluña que sea solidaria con Extremadura o Canarias si el propio Estado no lo es, por qué, si el modelo cambia, no lo hace para todos. Si los únicos valores que se cotizan son los bursátiles, no podemos pedir que otros nos saquen las castañas del fuego. Y Cataluña, al margen de mis apetencias, no veo que sea más injusta -tampoco menos- que los que la tachan de insolidaria.