En los últimos días, diversos sucesos violentos han alarmado a la opinión pública ante lo que pudiera interpretarse como una eclosión cualitativa de la delincuencia más brutal contra las personas y su patrimonio. El asalto de una banda al chalé de la familia de un conocido empresario de Valencia; la muerte a tiros del conductor de un vehículo por el atropello de un niña; los asesinatos de una familia de joyeros de Castelldefels, de una indigente en Barcelona o de un joven en una disputa a las puertas de una discoteca madrileña, y ayer mismo la muerte de dos vigilantes de seguridad, en Madrid, a manos de su compañero, que posteriormente se suicidó, son la cara más visible de una violencia desmedida frente a la que la sociedad española reacciona con perplejidad y ante la que el ministro de Interior, en su comprensible respuesta tranquilizadora, ha hecho consideraciones que se prestan a cierta confusión.

Es posible que, como dice el máximo responsable de la seguridad, España ofrezca una tasa de criminalidad baja, pues con 49,4 infracciones penales por 1.000 habitantes nuestro país aparece veinte puntos por debajo de la media europea. Pero a la vista está que ese dato no es el reflejo más cierto o completo de la realidad, sobre todo en un país donde las cifras de delitos, faltas, infracciones, detenciones o procedimientos judiciales se miden desde diferentes instancias -Ministerio de Interior, Fiscalía General y Consejo del Poder Judicial- sin criterios comunes ni coherencia metodológica. El seguimiento cotidiano de actos delictivos en las ciudades españolas no se corresponde, al menos en lo relativo a la percepción de inseguridad que se está produciendo en los ciudadanos, con los datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que habla de un descenso del 7% en los delitos por muerte violenta y del 12% de los procedimientos por robo con fuerza. La población es muy sensible a la acumulación de atentados contra la seguridad ciudadana, al margen de su tipificación penal, y si bien las políticas en esta materia no deben guiarse por el impulso o las emociones, las autoridades deben decidir su implementación teniendo también en cuenta la alarma social que estos delitos causan y no solamente los fríos cuadros estadísticos. Los vertiginosos cambios que está experimentando el perfil demográfico de España están teniendo igualmente su reflejo en el tipo de delincuencia que ahora debemos soportar y nuestros responsables políticos no deberían aferrarse a unos porcentajes erróneamente tranquilizadores.