La Audiencia Nacional acordó ayer realizar una investigación patrimonial completa sobre los bienes que poseen Kandido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga, miembros de ETA condenados por el asesinato en 1980 del edil de UCD Ramón Baglietto, y poder proceder así a su embargo para cubrir la indemnización que se les impuso en 1981 y que no abonaron tras declararse insolventes.

La sección primera de la sala de lo penal notificará hoy a las partes interesadas un auto en el que ordena cursar oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a las agencias forales vascas y navarra, así como a la Dirección General de Tráfico para comprobar los bienes que tienen a su nombre los dos etarras.

La investigación se ha puesto en marcha después de que se haya conocido cómo Azpiazu regenta una cristalería en los bajos del mismo domicilio donde reside la viuda de Baglietto, Pilar Elías, que ejerce por tercera legislatura consecutiva como edil del PP en Azkoitia. Según una querella de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presentada en la Audiencia Nacional y sobre la que la sala no se ha pronunciado aún a la espera de decidir si la admite a trámite, el negocio abierto por Azpiazu es de su propiedad, en régimen de gananciales con su mujer.

Kandido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga fueron condenados a 49 años de cárcel y a pagar una indemnización de 12,6 millones de pesetas a la viuda y los hijos de Baglietto. La sentencia, que no fue recurrida por ninguno de los dos, se declaró firme por el Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 1981. Ninguno de los dos terroristas, que ahora se encuentran en libertad tras ver reducidas sus penas por buena conducta y la realización de estudios, abonaron entonces las cantidades que se les reclamaban al haber sido declarados insolventes.

En septiembre de 2000 la viuda y los hijos de Baglietto cobraron una indemnización a través del Ministerio del Interior, en aplicación de la Ley de Solidaridad. Según estos datos, Pilar Elías recibió cerca de 72.000 euros y cada uno de los hijos, unos 42.000 euros.

Una vez que se comprueben los bienes que tienen a su nombre Azpiazu y Zuazolazigorraga y serles embargados, el dinero iría a parar al Estado por haber asumido el coste de las indemnizaciones impuestas.

«Que se cumpla la ley»

La viuda de Ramón Baglietto acogió ayer con «enorme alegría» la decisión de la Audiencia Nacional al entender que «por fin se comienza a hacer justicia». Pilar Elías, que tiene previsto ofrecer hoy una rueda de prensa en San Sebastián, cree que este tipo de órdenes judiciales sirven como «un paso más» hacia el reconocimiento de las víctimas. «A veces parece que los terroristas hacen lo que les da la gana», declaró a este periódico.

La concejala se mostró convencida de que la actuación del magistrado permitirá que salgan a la luz más casos como el suyo y que «se haga cumplir la ley». Elías entiende que la obligación de pagar la indemnización no puede «haber prescrito», a pesar de haber transcurrido ya más de 15 años, y confió en que los jueces «hagan su labor». La viuda ha decidido dejar las gestiones en manos de los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la que es miembro.