Los abogados de los acusados en el macroproceso contra el presunto entorno de ETA obligaron ayer al tribunal de la Audiencia Nacional, tras un día de continuos pulsos entre las partes, a suspender el juicio hasta el próximo lunes, después de amenazar con abandonar la sala en bloque por considerar que no podían ejercer de forma adecuada su labor defensora. Reclaman tiempo suficiente para poder estudiar unas voluminosas diligencias judiciales cuyo conocimiento estiman imprescindible para continuar los interrogatorios a los 56 procesados, de los que sólo 21 han prestado declaración desde el inicio de la vista.

Pese a la suspensión concedida por los magistrados, los letrados insistieron en que no acudirán a la reanudación de la vista salvo que antes se hayan solventado los problemas que denuncian, ante lo que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, les advirtió de que su inasistencia les acarreará la exigencia de responsabilidades penales.

La jornada de ayer estaba reservada para el interrogatorio del principal procesado, Xabier Alegría, pero desde el primer minuto se convirtió en un pulso entre las defensas y los miembros del tribunal, con cinco horas de recesos y parones para búsquedas de documentos y deliberaciones y aproximadamente un hora de juicio real. El procesado sólo tuvo tiempo de afirmar que no iba a contestar a un tribunal que «avala el uso de la tortura» cuando los magistrados le preguntaron si estaba dispuesto a responder a las preguntas del fiscal.

Diez de los once abogados de la defensa plantearon desde el comienzo de la sesión que el juicio no podía continuar mientras la sala no les entregase un copia (o les dejase un mes para consultar) las diligencias previas 75/89, la investigación original iniciada por Baltasar Garzón y más tarde archivada, de la que años después derivaron todos los sumarios contra las organizaciones del entorno político y social de ETA que ahora comienzan a juzgarse.

Estas diligencias, de miles de folios, no fueron entregadas a la sala por el Juzgado Central de Instrucción 5 hasta que ya había comenzado el juicio y las defensas aseguran que les ha sido imposible conocerlas en su conjunto en los cinco días que el tribunal les permitió consultarlas durante el receso navideño, porque además están completamente desordenadas.

El tribunal, al principio, rechazó suspender la vista para ampliar el plazo de días de consulta de las diligencias, que ya conocen tanto el fiscal como la acusación de las Víctimas del Terrorismo. No obstante, tras el órdago de las defensas, que anunciaron que cuentan con el amparo del Consejo Vasco de la Abogacía y amenazaron con irse en bloque, la sala rectificó.

La presidenta, eso sí, les advirtió de que no aceptará más reclamaciones o interrupciones por falta de conocimiento de las diligencias citadas y de que si no acuden a la reanudación del juicio incurrirán en responsabilidad penal, por posibles delitos de obstrucción a la justicia y desobediencia grave.

La tensión entre magistrados y letrados se mantuvo hasta el final de la sesión. Las últimas palabras que se oyeron por los micrófonos de la sala fueron las de la defensora de Alegría, Arantxa Zulueta, que afirmó: «No vamos a acudir (por el lunes), nos vamos». A lo que el magistrado del tribunal Nicolás Poveda contestó: «Ése es su problema».

Amparo del Consejo

No obstante, las defensas matizaron después su postura y afirmaron que tomarán la decisión de acudir o no el lunes a la vista del resultado de las reuniones que el decano de los abogados vascos va a mantener en los próximos días en su nombre con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y con Ángela Murillo.

La reunión ha sido solicitada por el Consejo Vasco de la Abogacía, tras decidir otorgar el amparo a los abogados, que habían demandado Jone Goirizelaia y Álvaro Reizabal. El presidente del Consejo, Nazario de Oleaga, explicó a 'Efe' que este órgano no quiere «meterse en cuestiones de fondo, sino sólo interesarse por cuestiones procesales y el cumplimiento de derechos fundamentales» de los letrados, dado que, añadió, «no nos consta que, en general, se hayan conculcado los derechos de los procesados».