Un grupo de vecinos de Bilbao que cuestiona las tasaciones del Ayuntamiento en el parque de viviendas municipales ha decidido buscar el respaldo del Ararteko a sus reivindicaciones. Los residentes califican de «injustos» los criterios utilizados para la venta de los pisos a sus inquilinos actuales y acusan al Consistorio de «penalizar» a las personas mayores con «precios que se han disparado». En un intento por lograr un procedimiento «más democrático», reclaman la mediación del Defensor del Pueblo para «corregir las deficiencias». Los demandantes entregaron ayer en su delegación la misiva, apoyada por alrededor de un centenar de afectados del barrio de Torremadariaga, en Deusto.

El Ayuntamiento, a través de la sociedad Viviendas Municipales, ha iniciado la venta de los inmuebles de su propiedad que gestiona en régimen de renta. De forma prioritaria, ofrece el piso a su inquilino, quien puede seguir viviendo en alquiler si rechaza la compra. Con los fondos que obtenga por la operación, el Consistorio se ha comprometido a renovar su oferta de casas sociales.

Sin embargo, el vecindario ha censurado la iniciativa. Los firmantes de la carta a la oficina de Iñigo Lamarka consideran que el proceso perjudica a los residentes de mayor antigüedad porque, a su juicio, se les «discrimina» con tasaciones superiores al resto, por la única razón de «ser mayores». Por lo general, llevan viviendo en renta más de 30 años y ahora, subrayan los denunciantes, «se les impide hacer realidad la ilusión de comprar su casa».

42.000 euros

Según sus cálculos, los incrementos llegan al 46% con respecto a residentes más jóvenes, lo que equivale a 42.000 euros de diferencia en algunos casos. Frente a estas críticas, la dirección de Viviendas Municipales ya ha asegurado que emplea un baremo «objetivo» para buscar la justicia social en la venta y evitar que los eventuales herederos especulen con el piso.

Los denunciantes rechazan estos argumentos. En la misiva, reclaman a los gestores de la sociedad que utilicen «principios sociales y democráticos» a la hora de tasar las viviendas, en vez de una ley «puramente capitalista que favorece a unos en detrimento de otros». «La especulación no es un problema de las personas mayores y de sus familiares, sino de control y seguimiento», advierten los firmantes del escrito. Los vecinos censuran el método que utiliza el Ayuntamiento porque «penaliza el hecho de vivir, como si de una fórmula de seguros de vida se tratara».