El juez Grande-Marlaska pide informes de Batasuna a Policía y Guardia Civil

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha pedido información a la Policía y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de la ilegalizada Batasuna, que ha convocado un congreso el próximo 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya).

Así lo acordaba ayer el juez en una providencia en la que da un plazo de 72 horas a la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía y a la Brigada de Información de la Guardia Civil para que le remitan esos informes. Una vez reciba esos informes, previsiblemente el viernes, el juez dará traslado de los mismos a la Fiscalía para que ésta le comunique si debe adoptar alguna medida en el marco del sumario en el que en 2002 se decretó la suspensión de actividades de Batasuna.

Antes de que el Tribunal Supremo ilegalizara Batasuna en marzo de 2003, el juez Baltasar Garzón, al que ahora sustituye Grande-Marlaska, decretó el 26 de agosto de 2002 la suspensión de sus actividades "porque la propia estructura de HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, en declaraciones a los periodistas, no ha querido adelantar cuál será la postura del ministerio público respecto a la iniciativa de Grande-Marlaska, aunque admitía, al ser preguntado sobre si creía legal la convocatoria de Batasuna, que "naturalmente que no". "Una asamblea por un organismo que está extinguido teóricamente no debe celebrarse", proseguía Fungairiño, quien ha añadido que para tomar cualquier decisión permanecerá en contacto con la Fiscalía General del Estado y "si la Fiscalía dice que hay que hacer una cosa se hace y si no hay que hacerla no se hace".

La AVT denuncia ante la Fiscalía el acto que quiere celebrar Batasuna

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentaba hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que solicita que se impida la celebración del citado congreso y que se actúe contra sus organizadores por un delito de colaboración con banda armada. El abogado de la AVT Juan Carlos Rodríguez Segura explicaba a los periodistas a las puertas de la Audiencia que éste es el tribunal competente para investigar los delitos relacionados con bandas armadas y organizaciones terroristas como, declaraba, es el caso de Batasuna, y que por ello interponía dicha denuncia ante este órgano.

Al ser preguntado si no era más bien competencia del Tribunal Supremo, al ser el que ilegalizó a Batasuna, el abogado aseguraba que la sentencia dictada por el alto tribunal ya está ejecutada, por lo que en este momento los actos de esta formación, "que ha sido considerada terrorista", son constitutivos de delitos de colaboración con banda armada y por tanto competencia de la Audiencia Nacional.

No obstante, Rodríguez-Segura indicaba que se había decidido presentar la denuncia ante la Fiscalía y no ante un juzgado, para que el Ministerio Público sea el que decida, previa consulta con la Fiscalía General del Estado, si la actuación para evitar la celebración del citado congreso corresponde a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. En cuanto a por qué la AVT no había pedido que se actuara frente a otros actos de Batasuna que pudieran ser considerados de carácter político como la convocatoria de ruedas de prensa y sí lo hiciera ahora, el letrado destacaba que "ésta es la gota que ha colmado el vaso".

Manos Limpias presenta otro escrito ante el Supremo

El sindicato Manos Limpias también ha tratado de impedir la celebración del acto convocado por Batasuna mediante la presentación de un escrito ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, que ilegalizaba a la formación para que "se proceda a adoptar las medidas necesarias para que dicha reunión no se cumpla", entre ellas, "requerir al consejero de Interior del Gobierno vasco y al delegado del Gobierno la prohibición del acto". Además, explica que "en relación con la ejecución y cumplimiento de la sentencia de disolución de Batasuna, se están produciendo una serie de hechos y comportamientos delictivos tanto por parte de los poderes públicos como por parte de la ilegalizada Batasuna".

"Esta organización actúa impunemente, convocando manifestaciones, ruedas de prensa, concentraciones y exaltación en homenajes a terroristas etarras", asegura el sindicato, que calcula que Batasuna ha celebrado más de 280 actos desde que fue ilegalizada. Respecto a los poderes públicos, recuerda que el proceso contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver Batasuna está pendiente de recurso y que el consejero del Interior, Javier Balza, ha sido denunciado por prevaricación por no prohibir reuniones de Batasuna.