El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha pedido información a la Policía y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de la ilegalizada Batasuna, que ha convocado un congreso el próximo 21 de enero en el BEC.

Así lo acordó ayer el juez en una providencia en la que da un plazo de 72 horas a la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía y a la Brigada de Información de la Guardia Civil para que le remitan esos informes. Una vez reciba esos informes, previsiblemente el viernes, el juez dará traslado de los mismos a la Fiscalía para que ésta le comunique si debe adoptar alguna medida en el marco del sumario en el que en 2002 se decretó la suspensión de actividades de Batasuna.

Antes de que el Tribunal Supremo ilegalizara Batasuna en marzo de 2003, el juez Baltasar Garzón, al que ahora sustituye Grande-Marlaska, decretó el 26 de agosto de 2002 la suspensión de sus actividades "porque la propia estructura de HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, en declaraciones a los periodistas, no quiso adelantar cuál será la postura del ministerio público respecto a la iniciativa de Grande-Marlaska, aunque admitió, al ser preguntado sobre si creía legal la convocatoria de Batasuna, que "naturalmente que no".

Denuncia de la AVT

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que solicita que se impida la celebración del citado congreso y que se actúe contra sus organizadores por un delito de colaboración con banda armada.

El abogado de la AVT Juan Carlos Rodríguez Segura explicó a los periodistas a las puertas de la Audiencia que éste es el tribunal competente para investigar los delitos relacionados con bandas armadas y organizaciones terroristas como, dijo, es el caso de Batasuna, y que por ello interponía dicha denuncia ante este órgano.

Al ser preguntado si no era más bien competencia del Tribunal Supremo, al ser el que ilegalizó a Batasuna, el abogado aseguró que la sentencia dictada por el alto tribunal ya está ejecutada, por lo que en este momento los actos de esta formación, "que ha sido considerada terrorista", son constitutivos de delitos de colaboración con banda armada y por tanto competencia de la Audiencia Nacional.

Manos Limpias

El sindicato Manos Limpias también ha tratado de impedir la celebración del acto convocado por Batasuna mediante la presentación de un escrito ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, que ilegalizó a la formación, para que "se proceda a adoptar las medidas necesarias para que dicha reunión no se cumpla", entre ellas, "requerir al consejero de Interior del Gobierno vasco y al delegado del Gobierno la prohibición del acto".

Explica que "en relación con la ejecución y cumplimiento de la sentencia de disolución de Batasuna, se están produciendo una serie de hechos y comportamientos delictivos tanto por parte de los poderes públicos como por parte de la ilegalizada Batasuna".

"Esta organización actúa impunemente, convocando manifestaciones, ruedas de prensa, concentraciones y exaltación en homenajes a terroristas etarras", asegura el sindicato, que calcula que Batasuna ha celebrado más de 280 actos desde que fue ilegalizada.