Leyendo las continuas informaciones sobre la situación de las prisiones en el País Vasco, parecería evidente la disposición, por parte del Ejecutivo autonómico, a hacerse cargo de la transferencia penitenciaria. La duda surge cuando se pertenece al colectivo de maestras y maestros de prisiones y se observa que es precisamente esta comunidad la única que se niega a admitir la transferencia educativa penitenciaria. En otras autonomías la transferencia ya es un hecho. El desconcierto de quienes se hallan en esta situación es grande. ¿Por qué se reivindica, de manera machacona, la transferencia penitenciaria desde la Consejería de Justicia, al tiempo que se rechaza la competencia educativa? ¿Alguien puede -desde el Ejecutivo- ofrecer una respuesta convincente que no tenga que ver con motivaciones políticas y sí con argumentos de calidad y mejora en la prestación del servicio educativo?