De los veinte integrantes de las dos células islamistas radicales desarticuladas ayer en Barcelona, Guipúzcoa y Madrid, el ministro de Interior ha destacado especialmente que formaban una red con un nivel de organización muy superior al de otras descubiertas anteriormente. Tanto, que se trataría de un grupo responsable del adoctrinamiento y envío de muyahidines a Irak, uno de los cuales incluso pudo ser el terrorista suicida que hace dos años mató a diecinueve 'carabinieri' italianos en territorio iraquí.

Esta operación abunda en el especial relieve del trabajo policial contra el terrorismo islamista en España, máxime si se tiene en cuenta que desde 2005 se han detenido ya a cerca de un centenar de acusados de pertenecer o mantener vínculos con estas organizaciones y que la de la madrugada de ayer fue la segunda redada en lo que va de año; cifras y tendencias que no deben interpretarse como propias de la rutina de las fuerzas de seguridad, sino como fruto de una necesaria labor preventiva y de investigación. La presencia o el asentamiento de grupos fundamentalistas radicales en España rebasa, a la vista de los datos, los cálculos oficiales conocidos, sin que valga ya la consideración de que nuestro país es sólo una base organizativa. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid son una constatación de la vigencia de este peligro, compartido con otros Estados y sociedades. La peculiaridad de unas tramas sin organización jerárquica piramidal, sino más bien conformadas mediante células de 'trabajo' estancas, con elementos que transitan indistintamente por la delincuencia común o el trabajo legal y a veces -como ha sido el caso de uno de los detenidos en esta última operación- con la cobertura de una actividad religiosa manipulada, hace que esta 'impermeabilidad' a elementos externos sea muy costosa y lenta de romper por parte de los servicios de seguridad.

Después del 11-S, del 11-M y de los atentados del pasado verano en Londres, los terroristas y quienes les amparan deben comprobar rotundamente que las garantías de un Estado de Derecho nada tienen que ver con la impunidad. Cada foco de activismo o adoctrinamiento en el fanatismo desarticulado es un peligro del que se libra a la ciudadanía, incluidos los 500.000 miembros de la comunidad musulmana en España.